Se ha mencionado que estos primeros años servirían para sentar las bases de una transformación profunda de la vida pública y social de México. En realidad, hemos sido testigos de un peligroso desmantelamiento institucional que ha vulnerado a los órganos autónomos; de un desmantelamiento legal de las reformas estructurales y sus impactos benéficos mediante el uso de una mayoría parlamentaria irreflexiva; de la cancelación de políticas públicas como el Seguro Popular que beneficiaban a los más vulnerables; del retorno al centralismo presupuestal y a la concentración de poder unipersonal frente a un gabinete que profesa obediencia ciega. Más que a una transformación, estamos frente a una regresión democrática.
Ni siquiera las grandes banderas discursivas se han sostenido. La austeridad republicana es selectiva, porque asfixia a dependencias al grado de dejar sin equipos de cómputo a los funcionarios públicos, exigir la devolución del pago de aguinaldo o no haber resuelto, tras 24 meses, la carencia de quimioterapias mientras que el dispendio en proyectos faraónicos crece año tras año. El combate a la corrupción se ha reducido a la difusión sin consecuencias de algunos casos mediáticos, mientras que se tolera a funcionarios y a sus familiares señalados por conductas ilegales. “Primero los pobres”, el famoso lema de este gobierno se convirtió en realidad, pero una muy dolorosa al haber sido ellos quienes sufrieron la inundación de sus comunidades en Tabasco por decisión de las autoridades. En el plano internacional, el Gobierno de México ha vulnerado la imagen del país al desatender foros internacionales de gran relevancia o al no emitir una felicitación a quien obtuvo en Estados Unidos de forma preliminar la mayoría de los votos en su reciente elección.
