Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión en su contra por el caso ‘Rápido y Furioso’.
A través de sus abogados en México, el exfuncionario presentó la demanda de garantías el 27 de enero pasado,18 días después de que un juez ordenó su detención por el citado caso de tráfico de armas.
Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, fue quien recibió el amparo. Sin embargo, la jueza aún no admite a trámite juicio debido a que la demanda no es precisa en cuanto a la autoridad que es señalada como responsable y el acto que se le imputa.
Por ello, la juez Ortega Tlapa dio un plazo de cinco días para que García Luna precise cuál es el acto reclamado, autoridades a quienes se lo atribuye, fecha de conocimiento y antecedentes de dicho acto.
De acuerdo con los registros inscritos en los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, en dos ocasiones la defensa de García Luna ya presentó escritos para aclarar la demanda, pero la juzgadora resolvió que los documentos no atienden en su totalidad los puntos solicitados.
El 9 de enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez federal libró siete órdenes de aprehensión por el delito de tráfico de armas relacionado con el caso de “Rápido y Furioso”.
Los imputados son, entre otros, Genaro García Luna, Facundo Rosas, excomisario General de la Policía Federal y exsubsecretario de Seguridad Publica; Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia de la entonces Policía Federal, y el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, líder del Cártel de Sinaloa.
De los otros tres implicados no se dio a conocer su identidad para no entorpecer las labores de búsqueda y captura.
Cabe destacar que la FGR, mediante un comunicado emitido aquel 9 de enero, dijo que la conducta criminal imputada a las siete personas, es el tráfico ilegal más de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México, con el supuesto objetivo de identificar a sus usuarios “lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible”, acusó.
Precisó que, de conformidad con las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos, se obtuvo información para establecer dicho tráfico ilegal de armas que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en México, desde 2009 hasta fechas recientes.
“Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”, puntualizó en su momento la FGR.
Agregó que, en México, la FGR pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, ya investigados y procesados; y se pudo establecer la presunta responsabilidad de algunas personas.
La FGR señaló que, en el caso de García Luna, existen otras dos órdenes de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado su solicitud de extradición.
