Para darle el sustento jurídico necesario a la Policía Metropolitana de Investigación, el Grupo Legislativo del PRI, a través el Diputado Álvaro Ibarra, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado.
El Presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado puntualizó que actualmente la Policía Metropolitana de Investigación, en la que participan elementos de seguridad de los municipios conurbados, sólo cuenta con protocolos de colaboración con la Fiscalía General del Estado, sin un soporte normativo.
“Se busca dotar a la Policía Metropolitana de Investigación con regulación en la ley en la materia, para fortalecer su actuación y a su vez, la seguridad pública de los ciudadanos de la zona metropolitana”, comentó el Diputado priísta.
“Ya que se actúa actualmente sin que esta institución de Policía Metropolitana de Investigación se encuentre prevista dentro de la legislación en materia de seguridad pública”, agregó, luego de presentar el documento en la Oficialía de Partes del Congreso local.
Ibarra detalló que en el decreto de la propuesta busca adicionar el artículo 135 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado, a fin de que las policías de los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Apodaca, Escobedo, Santiago, Juárez, Cadereyta Jiménez y García, se coordinen con las instituciones de procuración de justicia a través de la Policía Metropolitana de Investigación con el objeto de establecer los principios y las reglas en la investigación de los delitos.
“Tendrá por objetivos específicos garantizar la eficacia de la persecución del delito mediante una investigación ordenada y coherente; garantizar que los datos de prueba obtenidos durante la investigación puedan ser utilizados en el proceso penal para el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño, así como la tutela de los derechos humanos de las víctimas, personas imputadas y testigos”, explicó Ibarra.
“La Policía Metropolitana de Investigación ejecutará protocolos y diligencias eficaces que aseguren el intercambio de información, en las que se privilegiará el uso de la tecnología aplicada a la investigación de los delitos, de conformidad con las disposiciones aplicables necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones”, añadió.
La Mesa Directiva del Congreso turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
