Para evitar que los funcionarios de San Nicolás infrinjan las leyes electorales o incurran en delitos de esta índole que los podrían llevar a recibir multas económicas o incluso penas privativas de la libertad, personal del Instituto Nacional Electoral ofreció una capacitación a cerca de 250 empleados municipales.
El auditorio del MUSAN fue el escenario donde se congregaron secretarios, directores y coordinadores, todos encabezados por el alcalde Alfredo Cuadra Tinajero y el Secretario del Ayuntamiento, Armando Javier Rodríguez Corona, para participar en esta plática.
“Por instrucciones del alcalde, estamos sosteniendo estas reuniones tanto con personal del INE como de la Comisión Estatal Electoral para capacitarnos específicamente en lo referente a la propaganda, a la cuestión de los derechos y obligaciones de los funcionarios, de los partidos políticos y de los funcionarios”, dijo Rodríguez Corona.
“Lo que queremos es que todo el personal operativo, que alguna vez esté en la calle, que en un momento dado tenga acceso a algún candidato o partido político, lo atienda como marca la ley y los reglamentos para evitar incurrir en cualquier delito electoral”, agregó.
En el caso de los funcionarios, explicó el titular de la Secretaría del Ayuntamiento Nicolaíta, los principales delitos que se pueden cometer son los relacionados con utilizar bienes públicos o sus horarios para beneficio de algún candidato o partido político.
Los capacitadores encargados de realizar las dinámicas entre los empleados municipales para difundir los errores en los que podrían caer y constituir un delito, fueron Javier Rivera Tristán, Vocal Ejecutivo del INE, Alejandro Mercado Serna, vocal secretario, Ana Gabriela Bernal Arrieta, Vocal de Capacitación Electoral y Jorge Martínez, vocal del Registro Federal de Electores.
Entre las acciones que los funcionarios públicos deben evitar en este período de veda electoral pues son considerados delitos, los expositores destacaron el condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, así como el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos y, la realización de obras públicas u otras similares.
También enumeraron que está prohibido entregar o prometer recursos públicos, en dinero o en especie, servicios, programas públicos, dádivas o cualquier recompensa, a cambio de alguna de las conductas señaladas anteriormente.
Amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, no otorgar, administrar o proveer de servicios o programas públicos, o no realizar obras públicas y otras similares, también es penado por la ley.
De igual manera es delito suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, el otorgamiento, administración o provisión de servicios o programas públicos o la realización de obras públicas u otras similares.
