Los campesinos y productores del campo de México, “no podemos quedarnos callados frente a la irreflexión y abuso del gobierno y del Congreso de reducir –en 20 mil millones de pesos—el Proyecto de Presupuesto Especial Concurrente 2020”. Al mismo tiempo, el anuncio de eliminar siete programas esenciales para mantener la dinámica productiva del campo, “nos llevará al cadalso”.
En reunión de dirigentes Estatales y Ramas de Producción, y del Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, CNPR; coincidieron en que “el campo de México padece rezago progresivo en productividad y precios competitivos; inversiones escasas y malas temporadas de lluvias en los últimos años”.
“Estos factores adversos para la economía campesina, no garantizarán en breve plazo la autosuficiencia en granos y oleaginosas ni el país podrá alcanzar la soberanía alimentaria”, dijeron.
En consulta con las bases de las organizaciones estatales y regionales, consideran grave y drástica la reducción que se propone a los programas con impacto productivo operados a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). De 65,434.9 millones de pesos ejercidos en 2019, pasa a 46,253.1 millones de pesos en el PPEF 2020. “Esto significa una disminución de alrededor de 30 por ciento”.
De no corregirse esta propuesta, el país enfrentará la caída vertical de la producción agropecuaria y un marcado desequilibrio en la balanza comercial del sector agropecuario; disminución en ingresos de los productores rurales y deterioro de las condiciones de vida y estabilidad social en el medio rural.
Los miembros de esta organización con representación en todo el país, pidieron a su dirigente, Eduardo Orihuela Estefan, solicitar una audiencia directamente con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para recapitular, programa por programa, la distribución de las partidas presupuestales y para que haya congruencia entre las necesidades nacionales de aumento de producción de alimentos, productividad, y el ejercicio de los recursos fiscales. Todo esto, dijeron, “para que no haya confusiones y engaños respecto de lo que ocurre en realidad en materia de fomento a la producción de alimentos”.
Al respecto, de acuerdo con expresiones concretas del Jefe del Ejecutivo, con relación a sus acciones fundamentales para lograr el desarrollo de los mexicanos y del país, plantearon un “decálogo de propuestas”, en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020:
1: Por el bien de todos, primero los pobres. Las organizaciones de los sectores social y privado del sector agropecuario, forestal y pesquero, compartimos plenamente con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la decisión de otorgar la mayor prioridad al bienestar social y al combate a la pobreza. Seis de cada diez mexicanos que viven en el medio rural, enfrentan condiciones de pobreza. Asumimos como propia esta consigna.
2: No a la corrupción. Compartimos con el Presidente de la República el compromiso de combatir la corrupción, promover la austeridad y entregar los recursos del campo de manera directa y sin intermediarios, a los productores rurales. “… Entonces, que se ajusten los mecanismos, no los presupuestos…”.
3: Finanzas públicas sanas que impulsen el crecimiento económico. Valoramos que, en un entorno financiero internacional complejo, el Gobierno de la República ratifique su compromiso de mantener finanzas sanas y un manejo responsable de las variables macroeconómicas. Creemos, sin embargo, que es indispensable realizar ajustes importantes que fortalezcan la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, lo que exige incrementar el presupuesto de los programas productivos del campo.
4: Estado fuerte, no Estado ausente. Coincidimos con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, en el sentido de que, el Estado mexicano, debe recuperar su fortaleza como garante de la estabilidad y articulador de los grandes propósitos nacionales. Por eso, nos resulta preocupante que en el PPEF 2020, se ajuste drásticamente el Presupuesto para el Campo, porque ello significa el riesgo de pasar de un Estado mínimo, a un Estado ausente y generador de pobreza.
5: No al trato inequitativo a la población rural. En el medio rural mexicano vive el 25 por ciento de la población nacional. A este segmento del campo, sólo se le asigna el 5.4 por ciento del gasto total; es donde viven y trabajan los más pobres de los pobres.
6: Necesitamos programas sociales, pero también programas productivos. Damos la bienvenida a los programas sociales que contribuyen a superar las condiciones de pobreza y marginación. No obstante, es necesario fortalecer esquemas de inclusión productiva.
7: No se rescata al campo eliminando los programas productivos. Respaldamos el propósito expresado en el PND, cuando se afirma que el gobierno federal se ha propuesto como uno de sus objetivos, romper el “círculo vicioso entre postración del campo y dependencia alimentaria” y por ende impulsar la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo. Consideramos que, eliminar o reducir los Programas Productivos, resulta contrario al Plan Nacional de Desarrollo y a los compromisos asumidos por el Presidente de la República.
8: Solucionar de raíz el problema de la migración nacional. Cumplir este propósito exige generar las condiciones económicas y sociales que permitan arraigar a la población en su tierra. En el campo eso se logra con esquemas de financiamiento, asistencia técnica, capacitación y apoyo a los cultivos de alto consumo; producción y comercialización, medidas sanitarias y esquemas de aseguramiento, mismos que se ven afectados en la propuesta de presupuesto 2020. Un campo trabajando, reconstituye el tejido social.
9: Los riesgos en el campo son riesgos del país. Hoy, más que nunca, el campo enfrenta riesgos que requieren atención y recursos. México es pionero en la administración de riesgos para su campo, protegiendo siempre al pequeño productor, en esquemas de coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas. El mundo es testigo de devastadoras consecuencias del cambio climático. Por ello, como país, no podemos escatimar recursos para prevenir y combatir cualquier riesgo. Están en juego las condiciones de vida de millones de campesinos, pero también la producción y el abasto de productos básicos para la población. “Ella nos necesita y nosotros necesitamos de ella”.
10: Cooperación, no confrontación. Confiamos que, mediante el diálogo constructivo con las autoridades, los legisladores federales y las organizaciones de productores, lograremos generar los acuerdos que permitan, por encima de colores políticos, reconstruir el presupuesto para el campo en beneficio de la población más vulnerable y de la estabilidad social y política del país. De cara a estos retos y en un entorno internacional complejo, México demanda de todos los sectores cooperación, y no confrontación.
Concluyeron integrantes de la CNPR, en exhortar al Gobierno de la República a reconocer y no descalificar la aportación de las organizaciones de la sociedad rural mexicana. “Todos hemos pugnado por el desarrollo sectorial y regional, con proyectos productivos que integran las diferentes modalidades de tenencia de la tierra y su capacidad productiva, y jugando un papel determinante en el reparto agrario y generando estabilidad y paz social”.
