Por: Pedro García.
En México, donde rige la economía de mercado con sus rectores: oferta y demanda, sólo el gobierno decreta “gasolinazos”, es decir, aumentos unilaterales en los precios del combustible.
Cualquiera del resto de los sectores, entiéndase empresarios, no está facultado so pena de padecer represión a cargo de la Secretaría de Economía y otras dependencias, que gobiernan las relaciones mercantiles entre productores y distribuidores y consumidores, por ejemplo en las líneas de las gasolinas y las tortillas.
El gobierno de Peña aseguró que con la reforma energética no habría alzas en los combustibles y lo primero que hizo fue recetar el gasolinazo.
Iniciado el 2018, entraron en vigor las gasolinas a precios libres, regidos por el mercado, como tal lo garantizaron los tecnócratas de Peña Nieto con su cantaleta de la ortodoxia y la certidumbre económica.
Así, algunos distribuidores apenas esbozaron la probabilidad de un incremento recibieron el amago del gobierno peñista de persecución legal por convocar un alza “coordinada” de precios y tarifas.
Esas son maneras de un gobierno autocrático y (quien lo dijera) populista ya que con el rechazo al ajuste en los precios, busca ganarse aplausos y votos en pleno año electoral.
Al gobierno de Peña Nieto le vale sorbete la situación de las empresas y los empleos que éstas sostienen en cuanto a sus costos de operación y la necesidad de lograr una rentabilidad razonable de su actividad productiva.
Peña Nieto tiene colocada la “espada de Damocles” sobre gasolineros y tortillerías para abrirles indagatorias por presuntos abusos. Desdeña que en una economía de mercado, como la mexicana, los precios se ubican según el juego de la oferta y la demanda: a la alza o a la baja. Lo demás es demagogia política, y populismo electorero.
