Monterrey, Nuevo León. A tres años de la implementación de la nueva Ley de Movilidad y Accesibilidad en Nuevo León, diversos sectores han manifestado su preocupación por la opacidad y el mal funcionamiento del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA). Estas deficiencias, señalan, han sido una constante no solo en esta administración, sino también en las anteriores.
El Instituto, que por ley debería sesionar al menos tres veces al año de manera ordinaria, ha fallado en cumplir con sus responsabilidades, como la presentación de estados financieros, indicadores de gestión y avances de proyectos estratégicos. Estos elementos son clave para la toma de decisiones en el sector, incluyendo aspectos tan fundamentales como el manejo de tarifas del transporte público.
“Hasta la fecha, nada de esto se ha realizado en los tres años de esta administración estatal”, señala el posicionamiento emitido por activistas y especialistas en movilidad.
Un ejemplo reciente es la convocatoria de la tercera reunión ordinaria de 2024, programada para el 27 de diciembre, en pleno receso vacacional. “¿Cuál es la intención del gobierno estatal de convocar en estas fechas, a sabiendas de que muchas personas estarán de vacaciones? ¿Será que apuestan a que la ciudadanía baje la guardia en estas fechas?”, cuestionaron los firmantes.
El mal manejo del IMA ha generado críticas sobre la falta de importancia y profesionalismo otorgado al funcionamiento de sus órganos de gobernanza, como el Consejo Consultivo Ciudadano y la Junta de Gobierno.
En un contexto donde la movilidad enfrenta una de las peores crisis en décadas, la exigencia principal es clara: una administración que actúe con transparencia, rendición de cuentas y seriedad, respetando a quienes participan de manera honorífica en los procesos de gobernanza.
