Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió temporalmente la reimplementación del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP). El máximo tribunal revisará la próxima semana el caso sobre el programa conocido como “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo de EE UU a esperar en ciudades fronterizas mexicanas.
Los Estados republicanos de Texas y Missouri quieren restablecer la polémica política impuesta en el Gobierno de Donald Trump, mientras que la Casa Blanca de Joe Biden lidera una batalla legal para evitar que vuelva a implementarse.
Una semana atrás, el juez federal de Texas Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump, emitió una orden para restablecer el MPP este sábado 21 de agosto. El fallo respaldó la demanda de Texas y Missouri, que dibuja la política como un incentivo para que más inmigrantes crucen la frontera cuando el sistema está colapsado.
La Administración Biden apeló la decisión en un tribunal inferior y solicitó una demora en la reimplementación, pero se la rechazaron. El Gobierno demócrata acudió entonces al Tribunal Supremo. El juez Alito, que supervisa el circuito judicial que incluye a Texas, emitió la suspensión temporal y le dio al máximo tribunal hasta la medianoche del miércoles para revisar el caso.
El programa “Quédate en México” está inactivo desde que arrancó la pandemia. Tanto la Administración de Trump como la de Biden han devuelto a los inmigrantes sin papeles amparadas en órdenes de salud pública emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, por sus siglas en inglés).
En el escrito que redactó el Gobierno demócrata al Supremo, argumentó que la política ha estado inactiva durante más de un año y que una reimplementación abrupta “perjudicaría las relaciones de Estados Unidos con socios regionales vitales, interrumpiría severamente sus operaciones en la frontera sur” y podría crear “una crisis diplomática y humanitaria”.
La demanda de Texas y Missouri contra la Administración Biden alega que cancelar el programa le va a suponer costes económicos a sus contribuyentes, ya que mientras los solicitantes de asilo esperan en sus territorios que se resuelvan sus casos, usarán los servicios sanitarios y educativos estatales. Los tribunales pueden tardar años en dar una respuesta.
El presidente Joe Biden anunció el fin del “Quédate en México” en su primer día en la Casa Blanca y en junio emitió un comunicado sobre el cierre “oficial” del programa. Muchas organizaciones de migrantes criticaron que los solicitantes de asilo estaban siendo expuestos a condiciones precarias e inseguras en la franja fronteriza de México mientras esperaban resolver su situación.
