La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que suspende el derecho de los agresores y deudores de pensión alimenticia a ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
La votación superó por mucho el mínimo requerido de las dos terceras partes para una reforma de esta naturaleza. ¡Sí se pudo, sí se pudo!, coreó el pleno. 455 legisladores votaron a favor, incluidos siete del PT y en contraste, 25 de ese partido se abstuvieron.
Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, señaló que con esta reforma “se da certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores en puestos de elección como servidores públicos, y se les dice claramente que no volverán a ocupar sus cargos si perpetúan estas prácticas”.
La reforma no es punitiva ni vulnera derechos de nadie. Solo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme al momento de pretender participar como candidata, candidato a ocupar un cargo en el servicio público por actos constitutivos de violencia hacia las mujeres.
“El mensaje es claro: ninguna persona agresora o deudora alimentaria tendrá cabida ni espacio en este ni en ningún otro gobierno; no podrá percibir ingresos del erario público, porque nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la integridad y la vida de las mujeres y de las infancias”.
Este dictamen dividió a la bancada petista. Lilia Aguilar resaltó que es una reforma contra “todas esas masculinidades violentas que atacaban a las mujeres y nos hacían sentir ciudadanas de segunda. Que los violentadores no lleguen a la Cámara, no quiere decir que estamos atacando a los hombres, sino que las mujeres estamos avanzando en nuestros derechos y no permitiremos más que se nos violente. No podemos centrarnos en el discurso del miedo”.
Desde la tribuna, Gerardo Fernández Noroña, arropado por la mayoría de los petistas, incluido el coordinador de la bancada, Alberto Anaya, pidió se retirará el dictamen porque “se utilizará perversamente para sacar de toda actividad política a compañeros y a compañeras. 20 por ciento de quienes están en el padrón de violentadores son mujeres”, sostuvo.
