México es uno de los países que ha hecho un compromiso con la Alianza de Gobierno Abierto a nivel mundial. En palabras de esta Alianza, lo que se busca es “asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, capacitar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad”.
En Nuevo León, el Congreso se ha comprometido a desarrollar un plan para llevar estos principios a la práctica. Desde el año 2016, se supone que se está trabajando en ello.
Sin embargo, en los hechos podemos notar que la actual Legislatura no ha puesto en acción los principios de la Alianza de Gobierno Abierto. La opacidad en las compras del Congreso, y la contratación de proveedores que no están registrados en el padrón hacen evidente las malas prácticas actuales en cuanto a transparencia.
Inclusive, cuando el Congreso exige austeridad a otros órdenes de gobierno, lo cual es totalmente loable, resulta que no se impone las mismas reglas. El incremento de gastos en 2017 cuando se había programado una reducción de los mismos, evidencia la discrepancia entre la planeación y la realidad. Desde la sociedad civil organizada cuestionamos: ¿en qué se aplicaron estos gastos adicionales?, ¿tienen una justificación pública?
Reconocemos que esta legislatura se ha destacado por una mayor apertura con la ciudadanía, por ejemplo en los espacios de participación que ha abierto para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Ley de Participación, y de la creación del Parque Ciudadano.
No obstante, la mayor manifestación de apego a principios de Parlamento Abierto que puede dar el Congreso, es que sus palabras estén alineadas con sus acciones y que contribuyan a recuperar la confianza hacia la institución.
Por ello, les pedimos a los Legisladores, que son los que crean y mejoran las leyes en nuestro estado, que se apeguen a dichas leyes: de transparencia y de adquisiciones, principalmente.
La sociedad civil organizada considera que es hora de realizar un debate sobre la necesidad de que este órgano cuente con una Contraloría interna, y abrir las mesas de diálogo y análisis de una nueva Ley de Fiscalización para nuestro estado, que le dé total autonomía a la Auditoría Superior del Estado, para que ésta no tenga ningún pretexto o excusa para no fiscalizar y sancionar las irregularidades que se detecten en el Congreso del Estado.
