El problema de la seguridad pública se ha convertido en un problema de seguridad nacional, donde no está solo en riesgo el patrimonio o la vida de las personas, sino la supervivencia del Estado mexicano como lo conocemos, porque el crimen organizado tiene fuerza, interviene en actividades sensibles y comienza a actuar como gobierno, aseguró el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
Al participar en un foro sobre Seguridad Pública, en la ciudad de Campeche, acompañado de los especialistas Genner Peniche, Arturo Ambrosio, Mario Di Costanzo y Rubén Aguilar, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI puntualizó que la violencia generada por los grupos criminales supera al Estado en muchos lugares, controla la distribución de combustible y del agua, en los distritos de riego, con ello la producción y el abasto de alimentos.
El legislador indicó que esto se agrava cuando el Congreso, sobre todo la Cámara de los Diputados, no asume la función que le corresponde de vigilancia y la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que integran senadores y diputados, tiene dos años sin funcionar. Además, agregó, hay un ocultamiento del crimen en este país y ahora resulta que han crecido los homicidios culposos sobre los dolosos.
El líder congresista expuso las cifras de homicidios dolosos, de enero a agosto del 2023, donde Baja California, tuvo mil 997 crímenes, de los cuales mil 600 fueron dolosos; Campeche, 287 homicidios, pero nada más registraron 70 dolosos, mientras en Michoacán, crecieron un 10 por ciento los culposos, en Nayarit 67 por ciento y en Chiapas aumentaron un 231 por ciento los culposos.
En las estadísticas, sostuvo el político coahuilense, no están los muertos que se encuentran en las fosas clandestinas y ejemplificó con las 30 que ubicaron madres buscadoras en Sonora, con al menos 57 cuerpos, ninguno reportado como homicidio doloso.
Por ello, recalcó tenemos un problema serio de seguridad nacional, pero esto se vuelve más complicado porque los gobernadores ocultan, mienten, descalifican, desvían la atención sobre un problema que está sucediendo.
En su participación, el integrante del movimiento “Diálogos por la Paz”, Genner Peniche dijo que la Península no está exenta de la violencia y son tres los elementos que se tienen que tomar en cuenta, el tema de justicia, seguridad y el tejido social. Y para comenzar la reconstrucción de la paz, citó, se requiere un espacio de diálogo y una agenda a partir de la participación de todos.
Al respecto, el economista Mario Di Costanzo señaló que el crimen organizado posee más recursos para combatir que el propio Estado mexicano, con una base de 180 mil personas empleadas porque no hay fuentes de trabajo, desaparecen empresas o ellos las remplazan. Externó que los grupos delincuenciales obtienen ganancias de 250 mil millones de pesos y para pegarle a sus finanzas se tiene que perseguir la ruta del lavado de dinero.
En su intervención, el doctor Arturo Ambrosio resaltó en Yucatán no hay un mando único, es un mando coordinado y en la seguridad se tiene que seguir innovando para enfrentar al delito. Precisó que una mejor justicia requiere confiar en sus autoridades y construir la seguridad pública tiene que ir de la mano de la sociedad.
A su vez, el periodista Rubén Aguilar consideró que hay 10 gobernadores implicados con el crimen organizado y los estados de Coahuila, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro, son los únicos que garantizan la seguridad. Anotó que el promedio de 28 homicidios dolosos por 100 mil habitantes del actual gobierno deja de manifiesto que estamos en una “guerra” y es muestra de la expansión de la violencia en el país y el avance del crimen en todas las actividades.
