Las bandas de criminales realizan acciones análogas al terrorismo. Siembran el pánico entre la población civil y no hay consecuencia legal para ellas. Las y los diputados del PRI condenamos la inacción de las autoridades y en particular la descabellada e inaceptable declaración de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien adjudicó la violencia a la falta de pago de “piso”, y pidió a los criminales que solo actuaran contra los omisos.
En el PRI estamos abiertos al diálogo y la búsqueda de acuerdos. En los próximos días pediremos que el gabinete de seguridad acuda a la Cámara de Diputados para conocer de los hechos suscitados e intentar un análisis profundo de la situación y las posibles respuestas a la emergencia.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos inadecuada la política de seguridad que impulsa Morena y en donde la coordinación es inexistente. Es evidente que en estos momentos el Estado mexicano es incapaz para controlar la violencia que genera el crimen organizado. Lo anterior pone en riesgo a la población que circula por las carreteras o calles del país.
La violencia que vivimos en el mes de agosto no tiene precedente en la historia moderna de México. Gobernadores y presidentes municipales también deben hacer su tarea y destinar más presupuesto a la seguridad.
En este tenor, la diputada federal priista María de Jesús Aguirre subrayó que decir desde el Poder Ejecutivo que ojalá no se repitan estos hechos violentos es muy lamentable, se necesita más acción a través de todas las instituciones de seguridad ciudadana, sobre todo cuando tenemos una cifra que supera los 130 mil homicidios en lo que va de la actual administración. Dijo que es importante la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción a los delincuentes.
El ataque a negocios y a la población en general, aseveró, hace víctimas a inocentes, por lo que se debe reflexionar sobre el tema de seguridad para salvar la vida, el patrimonio, la integridad de los mexicanos, así como contribuir a la conservación del orden público y la paz social, como lo establece la Constitución y en las leyes de Seguridad Pública.
Por su parte el legislador mexiquense Carlos Iriarte consideró que los hechos violentos obligan a fortalecer a las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano en lo federal, estatal y municipal, sin militarizarlas, ya que al articular la fuerza de los recursos humanos y materiales se pueden advertir con oportunidad eventos con estas características. El legislador lamentó los hechos recientes y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.
