Más de 80 años de lucha institucional campesina por la tierra en México, primero por su posesión y luego por legalizar la propiedad, fueron insuficientes para lograr siquiera mantener el equilibrio en el vendaval inducido por el cambio de un gobierno distinto en cuanto a interpretación e impulso de un sector agrario que ha permanecido rezagado social y económicamente por más de 500 años. Sí, desde la Colonia.
La otrora poderosa Confederación Nacional Campesina, navega sin rumbo a nivel central y en sus 32 Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, una vez que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le cortó a su más importante filial el flujo de recursos para el pago de nómina de empleados y algunos dirigentes menores, en una suerte de efecto “carambola” frente a la austeridad del nuevo gobierno.
El recorte de empleados cenecistas fue indiscriminado. Lo mismo se despidió a trabajadores que tenían 30 o 40 años de servicios, que a los de relativamente reciente ingreso; es decir, de 10 o 15 años.
Se fueron a la calle técnicos gestores de asuntos jurídicos agrarios relacionados con límites ejidales con propiedades o entre los mismos ejidos; reclamos de invasión o despojo, sucesiones o herencias en ejidos y comunidades, principalmente, quedaron archivados para mejor ocasión.
En virtud de que los dirigentes de las Ligas de Comunidades Agrarias, en su mayor parte cumplían la última etapa de sus periodos de gestión, fueron los que apoyaron al ahora diputado Ismael Hernández Deras, “para ganar las elecciones” y convertirse en el máximo dirigente de la CNC, apoyado por artilugios del “santón” del agrarismo mexicano, Augusto Gómez Villanueva.
Desde el momento en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los recursos fiscales destinados al desarrollo del campo, se canalizarían de manera directa a los campesinos, sin intermediarios; es decir, al margen de las organizaciones, si bien fue una propuesta que justifica esa importante decisión, es necesario tomar en cuenta lo difícil y complicado de distribuir los apoyos a cada uno de los productores.
Para nadie debe ser un secreto, que los recursos del Gobierno para la producción de alimentos en el campo, normalmente llegan disminuidos. Algunos estudiosos del sector rural, dan fe de que, de cada peso que se presupuesta para ese efecto, sólo llegan entre 25 y 35 centavos, sin que las organizaciones tengan la obligación de entregar cuentas o razones de dónde quedó el resto de estos dineros.
En realidad, el sector agrario ha sido relegado históricamente del proceso de desarrollo nacional. Las dependencias federales que lo integran, se ubican en segundo o tercer nivel en la estructura gubernamental. Esto es, con relación a la identificación de recursos presupuestales.
Desde la administración federal anterior, se incorporó al nombre de lo que había venido siendo la Secretaría de la Reforma Agraria, actividades que a algunos parecieron fuera de contexto.
Se añadieron los términos de ‘Territorial y Urbano’, y se dejó a la deriva lo agrario, siendo que se trata de un término muy importante que implica procesos continuos de actualización de padrones y de expedición de nuevos documentos que avalen la propiedad ejidal y comunal. La propiedad privada cuenta con el Registro Público de la Propiedad. A esta área se han transferido extensiones ejidales y comunales, sólo que no hay certeza.
La extensión de tierras ejidales y comunales que se distribuyó a partir de la primera Ley Agraria de 1915, hasta la revisión del Artículo 27 de nuestra Constitución en 1992, el reparto agrario había llegado a alrededor de 106 millones de hectáreas. No es cosa menor.
Sin embargo, esta superficie apenas ha variado a un total de 97 millones de hectáreas, cuando somos testigos de que prácticamente todos los centros turísticos e industriales, han sido creados en tierras ejidales y comunales.
Estas apreciaciones sólo son algunas de muchas otras. Las hay. Por ejemplo, existen miles de ejidatarios que tienen sus parcelas, las siembran e incluso algunos son apoyados con programas oficiales, sin tener sus Certificados de Derechos Agrarios. Las dependencias agrarias no han hecho su tarea.
