27 de mayo de 2025
Ante el creciente número de denuncias por despojo de inmuebles, el diputado Javier Caballero Gaona, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso local, anunció que se promoverán reformas al Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes cometan este delito.
Durante una reunión de trabajo interinstitucional, el legislador explicó que el objetivo es crear un marco legal más sólido que impida vacíos jurídicos y garantice justicia para las víctimas de este delito, que va en aumento.
“No podemos soltar el tema del despojo porque es un delito dinámico que constantemente se actualiza. Por eso, trabajamos en medidas para prevenirlo y enfrentarlo con firmeza”, subrayó Caballero Gaona.
En la reunión estuvieron presentes el Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar; el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco; y el vicefiscal de Control y Desarrollo, Alejandro Carlín Balboa. También participaron los coordinadores de todas las bancadas del Congreso local, incluyendo PRI, PAN, Morena, MC, PRD, PVEM y PT.
El encuentro tuvo como finalidad definir una ruta legislativa conjunta, en la que se contemplen cambios al marco legal que impidan lagunas jurídicas y fortalezcan la acción del Estado frente al crimen patrimonial.
“Vamos a establecer un plan de trabajo para modificar el Código Penal, con una redacción clara y estructurada para evitar pifias legales”, aseguró el presidente de la Comisión de Justicia.
Por su parte, el Fiscal Flores Saldívar alertó que el número de casos de despojo ha incrementado ligeramente respecto al año pasado. Señaló que muchos de ellos se resuelven en un promedio de un año mediante acuerdos reparatorios, pero subrayó la importancia de actuar de manera preventiva.
“Hemos detectado grupos organizados que cometen este delito de forma cotidiana. Es urgente cerrar puertas legales y fortalecer los mecanismos de restitución de derechos para las víctimas”, puntualizó el Fiscal.
Tanto el Congreso como la Fiscalía coincidieron en que la coordinación entre poderes y niveles de gobierno es esencial para atender con eficacia este tipo de delitos. La intención, dijeron, es avanzar hacia un modelo más efectivo de justicia que garantice el respeto a la propiedad privada y defienda los derechos de los ciudadanos.
