Europa Press
El Comité Financiero del Senado de Estados Unidos acusa al banco suizo Credit Suisse, adquirido recientemente por su rival UBS, de haber sido cómplice en la evasión de impuestos por parte de ricos ciudadanos estadounidenses, contraviniendo los términos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia para la declaración de culpabilidad de la entidad helvética en 2014.
El Comité Financiero del Senado de Estados Unidos acusa al banco suizo Credit Suisse, adquirido recientemente por su rival UBS, de haber sido cómplice en la evasión de impuestos por parte de ricos ciudadanos estadounidenses, contraviniendo los términos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia (DoJ) para la declaración de culpabilidad de la entidad helvética en 2014, lo que habría facilitado la ocultación al fisco estadounidense de más de 700 millones de dólares.
La investigación desarrollada durante estos dos últimos años acerca del cumplimiento de dicho acuerdo descubrió violaciones importantes del trato con las autoridades judiciales de Estados Unidos, según reveló el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, incluyendo la falta de información sobre cuentas secretas con alrededor de 100 millones de dólares pertenecientes a una sola familia de contribuyentes estadounidenses.
Tras la solicitud de información por parte del Comité del Senado de Estados Unidos sobre cualquier otra cuenta no declarada perteneciente a ciudadanos estadounidenses con más de 20 millones de dólares, Credit Suisse había identificado 23 cuentas que cumplían con estas características, a falta de más revisiones en curso.
Asimismo, la investigación también arrojó nueva luz sobre la medida en que los banqueros de Credit Suisse ayudaron e instigaron la evasión fiscal por parte del empresario estadounidense Dan Horsky, quien se declaró culpable en 2016 de uno de los casos de evasión fiscal criminal más grandes en la historia de Estados Unidos.
Según los hallazgos del Comité, el monto total oculto en violación del acuerdo de culpabilidad de Credit Suisse de 2014 es superior a 700 millones de dólares”, anunció Wyden en la presentación de los resultados de la investigación.
“En el centro de esta investigación están los codiciosos banqueros suizos y los perezosos reguladores gubernamentales”, ha afirmado Wyden, recordando que Credit Suisse obtuvo un descuento en la sanción a la que se enfrentó en 2014 por permitir la evasión de impuestos porque los ejecutivos bancarios juraron que “dejarían el negocio de defraudar a los Estados Unidos”.
“Esta investigación muestra que Credit Suisse no cumplió esa promesa, y la adquisición pendiente del banco no hace borrón y cuenta nueva”, subrayó, señalando que los funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que tienen la intención de tomar medidas enérgicas contra los infractores corporativos, en particular los reincidentes como Credit Suisse.
“Espero que cumplan con ese compromiso”, ha apostillado el senador demócrata, para quien los recortes presupuestarios por parte de los republicanos han diezmado la capacidad del IRS (la AEAT estadounidense) para erradicar este tipo de tramas de evasión en el extranjero.
Un portavoz de Credit Suisse indicó que la entidad “no tolera la evasión fiscal”, subrayando que, en esencia, el informe describe problemas heredados, algunos de hace una década, mientras que el banco ha implementado amplias mejoras desde entonces.
“Nuestra política clara es cerrar las cuentas no declaradas cuando se identifiquen y disciplinar a cualquier empleado que no cumpla con la política del banco o no cumpla con los estándares de conducta de Credit Suisse”, añadió.
En este sentido, el portavoz del banco suizo subrayó que el nuevo equipo de liderazgo de Credit Suisse ha cooperado con la investigación del Comité y ha apoyado el trabajo del senador Wyden, incluso con respecto a las soluciones sugeridas para ayudar a fortalecer la capacidad de la industria financiera para detectar a contribuyentes estadounidenses no localizados.
Asimismo, indicó que Credit Suisse también está cooperando activamente con las autoridades de los Estados unidos, incluido el Departamento de Justicia, para abordar algunas preocupaciones sobre conductas o políticas heredadas, y continuará haciéndolo.
