De cara al proceso electoral 2023–2024, que arrancó el pasado 7 de septiembre, la diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a generar los mecanismos necesarios que incentiven el uso imparcial de recursos públicos, y su correcta fiscalización en la contienda.
En un comunicado, informó que con este objetivo presentó un punto de acuerdo, avalado por la Comisión de Reforma Política-Electoral.
“Estamos obligados a exigir transparencia en el uso de recursos públicos, así como una fiscalización efectiva de los mismos”, añadió.
Otro de los objetivos es garantizar lo establecido en el artículo 134 constitucional, que a la letra dice: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Lo que se pretende, detalló Rafael Dircio, es garantizar que, en la elección más grande e importante del país, programada para el 2 de junio de 2024, los recursos públicos sean utilizados responsablemente y sin fines de promoción política o partidista.
Señaló las constantes simulaciones de Morena durante su proceso interno, en el que “a todas luces se ha percibido una constante y flagrante violación al Estado de derecho, pues las autoridades estatales han mostrado estar fuertemente vinculados con su partido político, con intenciones particulares y electorales, induciendo la balanza hacia sus intereses personales o de grupo, por encima del bien común de sus entidades.
“Se está pasando por alto la prohibición de que la propaganda no sea personalizada, centrada en personas y no en instituciones, vulnerando gravemente el estado democrático de nuestro país, violentando todo proceso justo y transparente”, reprochó.
La diputada llamó a las y los ciudadanos a vigilar minuciosamente el uso de los recursos públicos y el actuar de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para que no se continúe permitiendo el uso de programas sociales, promoción gubernamental o publicidad institucional con fondos públicos.
“Se debe señalar de manera clara y oportuna la publicidad excesiva hacia una persona, sobre todo durante el proceso electoral más importante que está por ocurrir en nuestro país, pues es justo ese mecanismo que utiliza el poder para influir, de manera cínica, en la percepción de los electores”.
Finalmente, refirió que en dicho proceso se elegirán 128 senadores y 500 diputados federales, se renovarán ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como nuevos representantes de las 16 alcaldías; es decir, se elegirán un total de 19 mil 634 cargos de elección popular.
“Esta situación obliga a las autoridades electorales, pero también a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y, en caso particular, al Congreso de la Unión, a ser muy prudentes y vigilar que sea un proceso respetuoso y apegado a la legalidad”, emplazó.
