Un juez federal otorgó la primera suspensión provisional para frenar la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Al resolver el amparo promovido por María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Distrito, el juez imposibilitó que los más de 15 mil millones de pesos localizados en estos instrumentos sean transferidos a la Tesorería de la Federación.
La decisión del juez Juan Fernando Luévano Ovalle sólo prohíbe la extinción de los fideicomisos de manera temporal y definirá el próximo 9 de noviembre si concede la suspensión definitiva o no a la magistrada, quien es su superior jerárquica.
Cordero Martínez controvirtió el decreto aprobado por el Congreso de la Unión y publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes en el Diario Oficial de la Federación, con el cual se promulgó la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
De esta manera, al menos por la próxima semana, se garantiza que los fideicomisos puedan ser utilizados para el fin que están etiquetados.
Este amparo es diferente al recurso colectivo que presentó este lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, con el que también buscan detener la eliminación de los instrumentos que sirven, entre otras cosas, para el pago de pensiones complementarias y gastos médicos del personal.
Hoy, por su parte, el presidente López Obrador, en un intento de negociar con el Poder Judicial la eliminación de los fideicomisos, como aprobó su bancada en el Congreso, propuso que dichos recursos fueran destinados a la reconstrucción de Acapulco, tras el paso del huracán Otis.
Como incentivo para obtener la aprobación del PJF, el primer mandatario propuso que en la asignación del presupuesto para 2024, el Congreso no haga los recortes anunciados en los recursos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Que se le autorice su presupuesto (de 84 mil millones de pesos para 2024), es una propuesta, yo no decido, lo van a resolver en el Congreso. Que los 15 mil millones del fideicomiso se regresen a la Federación y se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados. Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo”, planteó.
En respuesta, la ministra presidenta Norma Piña señaló que la propuesta “representa una alternativa real” y se dijo dispuesta a establecer un diálogo institucional para que la propuesta sea materializada.
“Mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fidecomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos (de los trabajadores), y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere”, escribió en una carta abierta.
