La diputada Erika de los Ángeles Díaz Villalón (PAN) propuso adicionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de asignar protección policiaca a las mujeres víctimas de violencia.
La adición al artículo 28 de la Ley plantea que en el caso de que las órdenes de protección no se puedan otorgar de manera inmediata, será obligación de la autoridad ante la que hayan acudido las mujeres, proceder a su resguardo y protección inmediata, mediante la asignación de protección policiaca, de manera preferente dentro de las mismas instalaciones en las que se actúa, hasta en tanto se emitan las órdenes de protección que correspondan.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, advierte la situación violenta y visceral que atraviesan las mujeres y los sucesos que atentan contra su dignidad, integridad, salud y, peor aún, su vida. “Lo que para ellas debería ser vivir en un estado lleno de oportunidades y derechos, ocurre todo lo contrario; se ven afectadas por la falta de protección y la vulneración de sus derechos civiles, políticos y humanos”.
Indica que una de las formas que se han buscado para la protección de la mujer frente a los casos de violencia, es la implementación de órdenes de protección, aspecto que se contempla dentro del informe sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Subraya que en ese informe se da cuenta que en muchos casos las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado y muchas veces han sido beneficiadas con medidas de protección que no son adecuadamente implementadas ni supervisadas.
Añade que en materia de prevención y protección, la CIDH ha verificado que las autoridades estatales y, en particular la policía, no cumplen con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia contra actos inminentes.
Por ello, señala, es necesario adecuar la norma legal para hacer real y efectiva la protección de la mujer e incentivar a que se sientan seguras de acudir ante las autoridades en busca de protección y auxilio.
Asimismo, que de manera inmediata se ponga en resguardo físico a la mujer y, en su caso, a sus hijos, ya sea mediante la asignación de protección policiaca o su resguardo dentro de las mismas oficinas de las autoridades a las que ha acudido.
Con ello, “se pretende resolver la inseguridad y duda de muchas de las mujeres que sienten que las autoridades no han sido eficaces en su actuar”, subraya.
