🗓️ 11 de junio de 2025
Monterrey, N.L. — Ante el aumento de fraudes y abusos financieros que afectan a consumidores en la compra de vehículos y productos a crédito, la Diputada local Claudia Caballero Chávez presentó en el Congreso de Nuevo León tres iniciativas de reforma para fortalecer la protección jurídica de los ciudadanos.
Las propuestas buscan cerrar vacíos legales que actualmente permiten a intermediarios financieros y empresas de compraventa operar bajo esquemas que resultan desventajosos para los consumidores, como contratos poco claros, penalizaciones excesivas y costos inflados.
“Estos intermediarios se aprovechan de contratos opacos y vacíos legales para beneficiarse a costa del consumidor. Urge contar con herramientas locales para prevenir estos abusos”, afirmó la legisladora panista.
Las tres iniciativas presentadas por Caballero Chávez contemplan lo siguiente:
- Transparencia en contratos: Incorporar al Código Civil del Estado reglas obligatorias que permitan anular cláusulas abusivas en contratos de crédito y compraventa a plazos.
- Sanción penal al fraude agravado: Añadir al Código Penal del Estado un nuevo artículo que tipifique el fraude financiero agravado, con sanciones de 4 a 8 años de prisión para quienes oculten información, impongan condiciones ilegales o simulen contratos.
- Supervisión local de proveedores: Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal para facultar a la Secretaría de Economía con mecanismos de inspección, registro e inhabilitación de empresas reincidentes en prácticas abusivas. Esto incluiría la creación de un Registro Estatal de Proveedores de Crédito y Servicios Financieros.
Aunque este tipo de problemas suelen abordarse a nivel federal a través de organismos como CONDUSEF y PROFECO, la diputada advirtió que en Nuevo León no existen actualmente mecanismos locales suficientes para prevenir ni sancionar estas prácticas, dejando a los consumidores en situación de vulnerabilidad.
Caballero insistió en que estas reformas son necesarias para brindar mayor certidumbre a quienes acceden a bienes mediante esquemas de financiamiento.
