30 de julio de 2024
Con el objetivo de enfrentar los actos de corrupción y extorsión que afectan a operadores y transportistas en los municipios metropolitanos y periféricos de Nuevo León, la Diputada Iraís Reyes, del Movimiento Ciudadano, ha presentado un conjunto de acciones que deben implementar tanto el Gobierno estatal como los municipios.
Durante una rueda de prensa, Reyes expuso que está promoviendo un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a coordinarse y actuar contra la problemática que enfrentan los transportistas. “No es justo lo que han vivido por siempre los transportistas, ahora más con temas de corrupción, donde les piden entre 15 mil y 20 mil pesos por poder mover sus unidades”, declaró Reyes.
El punto de acuerdo fue presentado en la Oficialía de Partes del Congreso, acompañada por José Omar Ortiz Salinas, Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Conatram, y José Ortiz, Consejero de la Conatram Nuevo León. Ambos representantes proporcionaron detalles sobre las extorsiones que enfrentan los transportistas.
Ortiz Salinas enfatizó la necesidad de “cambiar las reglas de juego que tiene la autoridad con el autotransporte”, destacando que el sector es crucial para la cadena de suministro del estado.
El acuerdo propone, como medida principal, que las autoridades municipales homologuen sus reglamentos y disposiciones administrativas conforme a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León. Asimismo, se solicita a los ayuntamientos garantizar un entorno libre de corrupción mediante el establecimiento de tabuladores claros para el cobro y pago de infracciones y multas.
Entre otras propuestas, se incluye el fomento del pago electrónico de infracciones y la clarificación de las razones para las multas. También se sugiere la celebración de contratos y convenios transparentes con diversas compañías de grúas para evitar el monopolio en el traslado de unidades.
Además, se solicita al Gobierno estatal y a los 51 municipios de Nuevo León que realicen mesas de trabajo con los transportistas, estableciendo como punto de reunión el Congreso del Estado.
“No podemos tener oídos sordos ante las exigencias de las cámaras denunciantes y mucho menos ante los actos de corrupción”, concluyó Reyes.
