La diputada Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León, informó que el Congreso ha recibido la tarea de evaluar las sanciones contra el gobernador Samuel García, tras haber sido señalado por interferir en las elecciones pasadas al presuntamente favorecer a candidatos de Movimiento Ciudadano.
“Desde la campaña hemos señalado que el gobernador desvió recursos y utilizó su posición para beneficiar a los candidatos de su partido. Ahora, en la Comisión Anticorrupción del Congreso, nos encontramos analizando la mejor ruta jurídica para cumplir con el mandato del Tribunal Electoral”, declaró De la Garza.
La diputada también aclaró que el proceso para imponer sanciones políticas no es sencillo. “La Comisión no impone castigos directamente. Nuestro papel es analizar si se justifica una sanción política y remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia, que sería quien ejecuta la sanción. Además, para que los juicios avancen, se requieren 28 votos en el pleno del Congreso, lo que significa que ningún grupo parlamentario puede sancionar al gobernador por sí solo; se necesitan acuerdos y voluntad política para que la ley se haga valer”, explicó.
Las sanciones políticas podrían ir desde una advertencia hasta una posible destitución, según la presidenta del Congreso. “Es importante que quienes aspiran a un cargo público comprendan que nadie está por encima de la ley”, enfatizó.
Por otro lado, De la Garza mencionó que mañana no podrán asistir a la reunión previamente propuesta con el gobernador, ya que se había acordado cambiar la fecha. “Ayer, en la junta de COCRI, se decidió que la reunión sería el lunes, por lo que hacemos un llamado a que se respete este acuerdo, ya que varios diputados tienen compromisos de agenda y algunos no están en la ciudad”, aclaró.
Finalmente, la diputada recordó que el próximo martes se espera la rendición del informe solemne del gobernador Samuel García. “La ley establece que el informe debe rendirse en la primera quincena de octubre, y confiamos en que el gobernador cumpla con este deber ante la ciudadanía de Nuevo León”, concluyó.
