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El gobierno del presidente Joe Biden presentó el miércoles una disposición para defender de las impugnaciones jurídicas a un programa que protege de la deportación a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia.
La medida entrará en vigor hasta el 31 de octubre y su destino está ligado a una demanda interpuesta por Texas y otros estados republicanos. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus iniciales en inglés) no ha admitido nuevas inscripciones desde julio de 2021, en lo que el caso se abre paso en la Corte Federal de Apelaciones del 5to Distrito.
La mayor parte de sus 453 páginas son técnicas y representan pocos cambios sustanciales en relación con el memo de 2012 que creó el DACA, pero fueron sometidas a comentarios de la ciudadanía como parte de un proceso formal de elaboración de normas con el fin de mejorar sus posibilidades de sobrevivir a las impugnaciones jurídicas.
Biden dijo que haría “todo lo que esté dentro de mis facultades” para proteger a los beneficiarios del DACA, y exhortará de nuevo a que se desarrolle una ley que les brinde herramientas para aspirar a la ciudadanía.
“Los dreamers forman parte del tejido de esta nación”, declaró Biden, usando una expresión común para referirse a estos jóvenes inmigrantes. “Solamente han conocido un hogar y es Estados Unidos”.
La normativa mantiene intactos los criterios de elegibilidad, lo que decepcionó a algunos activistas que querían que más inmigrantes fueran elegibles. Los solicitantes deben demostrar que llegaron a Estados Unidos con menos de 16 años cumplidos antes de junio de 2007.
A finales de marzo había más de 600 mil inmigrantes inscritos en el programa, de los cuales aproximadamente el 80 por ciento proceden de México, y muchos del resto son originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, según cifras del gobierno.
En julio, el tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orleans escuchó alegatos de que poner fin al programa creado durante el gobierno del presidente Barack Obama afectaría cruelmente la vida de cientos de miles de personas que se han convertido en miembros productivos de la economía estadounidense. Los opositores argumentaron que el DACA ha sido financiado con dinero de los contribuyentes en lo que respecta a atención médica y otros servicios.
