Seguridad

Madre y Padrastro: 25 Años de Prisión por Homicidio Calificado en Nuevo León

11 de septiembre de 2024

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de su Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, ha dado a conocer el resultado de una audiencia de juicio oral penal que ha culminado en una sentencia condenatoria por homicidio calificado, violencia familiar y equiparable a la violencia familiar. Este caso, ocurrido en enero de 2023 en Ciudad Benito Juárez, involucra a un niño de solo ocho años que perdió la vida como consecuencia de la violencia ejercida por su padrastro, Antonio Abrajam “N”, y la complicidad de su madre, Rosa Marina “N”.

La audiencia se llevó a cabo en septiembre de 2024 y, según los pronunciamientos de apertura, el Agente del Ministerio Público Investigador, especializado en feminicidios, presentó un completo conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales que dieron cuenta de la intención dolosa de los acusados para privar al menor de su vida. A pesar de las alegaciones de la defensa, el juez desestimó los argumentos esbozados, confirmando la responsabilidad penal de Antonio y Rosa Marina.

En consecuencia, el juez dictó una pena de 25 años y 3 días de prisión para ambos, quienes serán recluidos en centros de reinserción social estatales. Adicionalmente, se ordenó el pago de indemnización por la muerte del niño y los gastos funerarios, marcando un precedente en la lucha contra la violencia familiar en el estado.

Los sucesos se remontan al 17 de enero de 2023 cuando, en el interior de su hogar en la colonia Valle de Santa Isabel, el niño fue víctima de reiterados insultos y golpizas por parte de su padrastro, hechos que se intensificaron hasta su fatal desenlace el 24 de enero. La madre, Rosa Marina, aunque consciente de las agresiones, no tomó acción alguna para proteger a su hijo, eludiendo su responsabilidad como madre.

Este trágico caso saca a la luz la urgencia de abordar los problemas de violencia en el hogar y la responsabilidad de los adultos en la protección de los menores.

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