Este miércoles la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) presentó 47 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), resultado de la falta de comprobación de 170 millones de pesos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de 496 millones de pesos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), irregularidades que pueden ser constitutivas de la comisión de los delitos de: a) Ejercicio ilícito de servicio público, b) Abuso de autoridad y c) Peculado.
La legisladora enlistó en un comunicado algunos ejemplos de las irregularidades señaladas, entre las que destacan:
Del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a cargo de la STPS, recordó que su objetivo es brindar a jóvenes de entre 18 y 29 años, que no estudian ni laboran, capacitación hasta por 12 meses en centros de trabajo que se benefician de su contribución, al mismo tiempo que los jóvenes beneficiarios desarrollan habilidades.
La legisladora concluyó señalando que la presentación de las denuncias de referencia deriva del seguimiento realizado a las irregularidades detectadas por la ASF, así como a la falta de actuación de ésta, con la finalidad de que la autoridad competente realice las investigaciones correspondientes, tome las medidas cautelares urgentes que sean procedentes y, en su caso, imponga las sanciones a que haya lugar.
Cabe mencionar que, con fecha 22 de junio del 2023, la legisladora presentó 56 denuncias administrativas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Ana Gabriela Guevara Espinoza, titular de la Conade, por las mismas irregularidades que motivaron las presentes denuncias; y, con fecha 19 de julio del mismo año fueron 29 denuncias ante la misma SFP en contra de Luisa María Alcalde Luján, por las irregularidades detectadas durante su gestión como titular de la STPS.
Lo anterior, en razón de que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo tanto, susceptible de ser sancionado en diferentes vías, por órganos diferentes y con distintas sanciones, en ese sentido, la determinación de responsabilidades administrativas, en su caso, dará lugar a la imposición de sanciones que van desde una amonestación, hasta una inhabilitación para ejercer un cargo público, mientras que en la vía penal, la acreditación de los hechos delictivos, podría dar lugar a la imposición de una pena incluso privativa de la libertad, con independencia de las sanciones económicas que en cada materia pudieran determinarse.
Por último, solicitó a los funcionarios de la FGR que actúen con autonomía e independencia respecto del Ejecutivo Federal, y procedan conforme a sus facultades en la integración de las carpetas de investigación correspondientes, con la finalidad de que éstas deriven en la imposición de las sanciones a que haya lugar en contra de los responsables de los desvíos de los recursos millonarios en ambas entidades públicas.
