AFP
Más de 100 tramos de carreteras en Perú permanecían este sábado bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones, un día después que la presidenta Dina Boluarte aseguró que no renunciará.
Las regiones del sur andino, de los más marginados en Perú, están sumidos en una incesante convulsión social que deja al menos 42 muertos desde inicios de diciembre, según líderes civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Hay sectores extremistas que buscan generar desorden y caos, con intereses subalternos (…). Estamos más fuertes que nunca, con un gabinete ministerial comprometido a fajarse por el país”, afirmó el viernes Boluarte, cuando crecía la presión política que reclama su dimisión.
Como vicepresidenta de Pedro Castillo, Boluarte asumió el 7 de diciembre luego que fuera destituido por el Congreso.
Este sábado los bloqueos afectaban 11 regiones de los Andes y la Amazonía, especialmente en el sur, cerca de las fronteras con Bolivia y Chile. Según estadísticas de la Superintendencia de Transporte Terrestre, nunca se habían presentado tantos cortes en la actual crisis.
Pero En Cusco, meca del turismo internacional, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad. Con la medida, el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis.
Boluarte se dirigió al país el viernes tras la renuncia y reemplazo de los ministros del Interior, Trabajo y Mujer.
La presidenta instó al Congreso a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024 y pidió perdón por las muertes provocadas por la crisis.
“Pido perdón por esta situación y por lo que se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos. Pero, así como pido perdón, pido que rechacemos la violencia”.
Diversos colectivos, sobre todo de los Andes sureños, exigen la renuncia de Boluarte, a quien consideran responsable de la violencia.
Asimismo, piden el cierre del Congreso controlado por la derecha y la realización inmediata de elecciones.
Los pedidos de libertad de Castillo -en detención preventiva mientras se le procesa por supuesta rebelión- y la formación de una Asamblea Constituyente también hacen parte de la agenda.
