El gobierno de México aceptó la nueva implementación del programa Quédate en México, con el que se obliga a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos a permanecer en territorio mexicano hasta que se defina su trámite en las cortes estadunidenses.
Esto después de que la Casa Blanca negociara con autoridades mexicanas a fin de cumplir con la resolución de de un juez con sede en Texas que ordenó que el programa, oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), se restaurara. El juzgador consideró que la cancelación de éste ordenada por el gobierno de Joe Biden al inicio de su administración “violó” la ley federal administrativa y no tomó en cuenta los “beneficios” del mismo como el efecto disuasorio para potenciales migrantes.
Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que aún está por definirse la fecha en que comenzará a operar de nuevo el MPP, pero “será en el muy corto plazo”.
Agregaron que México autorizó la restauración de éste debido a que la administración de Biden “ha tomado en cuenta las preocupaciones humanitarias que expresamos, y así será”.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), estos cambios o “preocupaciones humanitarias” expresadas por México incluyen un compromiso de que los procedimientos de asilo por lo general se concluirán dentro de seis meses del retorno de una persona a México; oportunidades para los participantes de tener acceso seguro y poder comunicarse con representantes legales durante sus entrevistas y audiencias en la corte; procedimientos para mejorar los principios de no devolución y un aumento en la cantidad y calidad de información que los migrantes inscritos reciben sobre el programa.
Esa instancia estadunidense agregó que excluirá del programa a personas particularmente vulnerables, además que ofrecerá vacunas contra el Covid-19 a todos los inscritos en el Quédate en México.
El MPP fue uno de los programas emblema del ex presidente estadunidense, Donald Trump, con una intención netamente antimigratoria. Comenzó a operar en enero de 2019 y fue suspendido por Biden en enero de 2021 (de sus primeras órdenes al tomar posesión).
Organizaciones civiles y agencias internacionales alertaron en su momento de los riesgos y violaciones a derechos humanos que éste representaba, sobre todo porque se exponía a miles de migrantes a riesgos y peligros al obligarlos a quedarse en estados fronterizos de México, en los que hay zonas con altos niveles de violencia. Más de 70 mil personas que solicitaron asilo, la mayoría procedente de Centroamérica, fueron adheridas a estos protocolos en los dos años que estuvo vigente.
En agosto de este año, el juez federal con sede en Texas, Matthew Kacsmaryk –quien fue nominado por Trump— ordenó reinstalar el polémico programa, esto luego de que fiscales de Texas y de Misuri apelaron la orden de Biden para su cancelación.
La Casa Blanca necesitaba la autorización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reinstalar el MPP, por lo que ambas partes iniciaron negociaciones “de alto nivel”.
El pasado 16 de noviembre se filtró a la prensa un documento que el gobierno de Biden envió a la corte federal de Texas en el que explicaba que desde octubre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha tenido “reuniones periódicas y de alto nivel con el gobierno de México para discutir las preocupaciones de la administración de Andrés Manuel López Obrador” sobre la aplicación previa de MPP y “trabajar en posibles soluciones”.
La Casa Blanca agregaba que las dos administraciones habían “logrado un progreso significativo y están cerca de finalizar estas discusiones”.
Esta mañana, la cancillería mexicana emitió un comunicado en el que informó que en el marco del diálogo del grupo técnico de trabajo sobre migración y desarrollo, la administración de Biden explicó a la de López Obrador “que atenderá todas las preocupaciones de índole humanitaria con respecto a la reimplementación” del Quédate en México.
La dependencia aseveró que gobierno estadunidense aceptó “las preocupaciones de carácter humanitario” expresadas por la administración mexicana e infirió –sin reconocer totalmente en el boletín— que se aceptó la nueva operación del MPP.
Además, se comprometió a no deportar a los migrantes que estén en procesos para obtener el asilo en el vecino país del norte. “El gobierno de México ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”.
La SRE indicó que algunas de las preocupaciones aceptadas por la Casa Blanca son: brindar mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales; dar protección para grupos vulnerables; considerar de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración; así como la aplicación de medidas contra el Covid-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para los migrantes sujetos tanto al MPP como al llamado Título 42 del Código de Estados Unidos (que impide el paso a personas por las fronteras bajo argumentos de salud, a causa de la pandemia).
De acuerdo con las fuentes de la cancillería consultadas por La Jornada, esto “le dará a un porcentaje de migrantes que actualmente no lo pueden hacer bajo el Título 42 la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo, con condiciones distintas en su espera que desde nuestra perspectiva se apegan a los derechos humanos”.
El DHS anunció hoy “cambios clave al MPP para abordar las preocupaciones humanitarias que mencionó el gobierno de México y que son compartidas por el gobierno de Estados Unidos”.
En un comunicado fechado en Washington, refirió que su titular, Alejandro Mayorkas, “ha sostenido en repetidas ocasiones que el programa MPP tiene fallas endémicas, imponiendo costos humanos injustificados, que ha tomado recursos y personal de otras prioridades, y que ha fallado en resolver las causas fundamentales de la migración irregular”.
Sin embargo, acotó que, para cumplir con la orden de la Corte federal de Texas, “está listo para la reimplementación del MPP una vez que el gobierno de México tome una decisión final independiente de aceptar el retorno de individuos inscritos en este programa, sujeto a algunas mejoras humanitarias”.
Ambos gobiernos, agregó, trabajarán conjuntamente “para garantizar que haya refugios seguros para los inscritos en el programa; que los individuos retornados tengan transporte seguro de y hacia los puertos de entrada, y que los participantes puedan contar con permisos de trabajo, acceso al cuidado de la salud y a otros servicios en México”.
