Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció que pidieron a la Cámara de Diputados un incremento real del 4 por ciento al presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF), que de esta manera ascendería a 84 mil 792 millones 400 mil pesos para el 2024.
El mayor monto sería destinado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con 74 mil 793 millones 300 mil pesos; seguido de la SCJN con 6 mil 91 millones 100 mil pesos; y en tercer lugar el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPFJ), con 3 mil 890 millones de pesos.
En una inédita sesión solemne del máximo tribunal, el CJF y el TEPJF, que convocó sólo para hacer este anunció, la ministra sostuvo que harán economías y ahorros, pero que no pueden aceptar un recorte en su presupuesto.
“La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, afirmó Piña Hernández.
Añadió que el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no puede ser negociable y enfatizó que cualquier función pública está directamente condicionada a la autosuficiencia presupuestal.
Sostuvo, por ejemplo, que la demanda de defensores públicos aumenta en un 20 por ciento anual y que el año próximo deberán crear 45 nuevos órganos jurisdiccionales para cumplir con la nueva justicia laboral en términos del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos (TMEC), además de destinar más dinero a la seguridad jueces, magistrados y ministros.
“Se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”, anunció Piña.
