Los industriales de Nuevo León solicitan a las autoridades federales hacer prevalecer el estado de derecho, garantizar una vía de libre tránsito y evitar nuevos bloqueos ferroviarios, como los que realizaron desde hace varias semanas grupos disidentes del sector magisterial en el estado de Michoacán.
La situación vivida, y que acumuló más de 20 días, tuvo impactos económicos y productivos severos a la industria nacional, y fue aún más grave por la imagen proyectada de nuestro país, ya que estos hechos ocurrieron justo en la coyuntura de la negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica-
Acuerdo que involucra la salida y recepción de mercancías hacia la región Asia-Pacífico, siendo este un punto estratégico para la logística y distribución.
Además, esta zona del país fue recientemente catalogada como una “Zona Económica Especial” por parte del Gobierno Federal, como un polo de atracción de inversiones, con un paquete de beneficios tributarios.
Lo ocurrido hace que la zona pierda atractivo para los nuevos inversionistas nacionales y extranjeros, ante la falta de certidumbre que garantice un ambiente favorable para el desarrollo y la operación de los negocios.
Con dichos bloqueos, la industria de Nuevo León reportó que los sectores más afectados fueron el acero, el de granos y material contenerizado para el comercio e insumos diversos para las empresas.
La afectación incluye la detención diaria de cientos de contenedores; 46 mil toneladas de acero detenidas en el puerto; más de 100 ferrocarriles parados; más de 10 mil toneladas de trigo frenadas; además de la inversión millonaria diaria requerida para realizar ajustes logísticos y operativos de las empresas; entre otros.
Lo anterior, generó importantes retrasos en la salida de mercancía hacia la zona Asia–Pacífico, así como la recepción de materias primas para la industria y bienes de consumo para la población.
Los industriales esperan que las autoridades brinden, a través de sus acciones, certidumbre al sector productivo, buscando que las acciones de los protestantes dejen de atentar contra la competitividad nacional y la operación industrial.
De igual manera, reconocemos el derecho del magisterio a manifestarse, pero solicitamos que este se realice mediante mecanismos que no afecten a terceros.
