Para eliminar una laguna legal que genera impunidad en materia familiar, el Presidente de la Comisión de Justicia y el Coordinador del PRI presentaron este martes una iniciativa de reforma al Código Penal para fijar plazos de suspensión de derechos familiares y evitar amparos.
Javier Caballero Gaona y Heriberto Treviño Cantú promovieron dicha iniciativa con el objetivo de establecer que los derechos familiares que el agresor pueda tener con la víctima sean suspendidos lo que dure la pena de prisión que se le imponga, y así evitar la revictimización de los agredidos.
“Hoy, cuando un padre comete un delito familiar y es sancionado con prisión, en automático pierde sus derechos familiares de manera indefinida, lo que es contrario al principio constitucional de que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico protegido. Por esto mismo, se han presentado casos que, al ampararse, se le restituyen al agresor los derechos que tuviese con la víctima, vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolos”, expuso Treviño Cantú.
“Es urgente resolver esta problemática y brindar certeza jurídica, ya que, al existir lagunas legales en estos casos, los más afectados son las niñas, niños y adultos mayores, cuando ellos realmente no tienen la culpa de nada, lo que buscamos es salvaguardar la integridad de la familia, que es el núcleo de toda sociedad y fortalecer el estado de derecho, creando los mecanismos correspondientes para que la ley se cumpla”, reafirmó el Coordinador priísta.
Aseguró que el objetivo es cerrar la brecha de impunidad y que las víctimas logren hacer justicia contra quienes cometen delitos en la dimensión más sensible e importante de la sociedad, que el seno familiar.
“Al identificar esta área de oportunidad y para evitar fallas en la aplicación de las sanciones contempladas por nuestro Código Penal, estamos presentando esta iniciativa de reforma para que se adecue y armonice la sanción en cuanto a la pérdida de los derechos familiares, como lo son los derechos sucesorios, de convivencia con los hijos, de patria potestad, entre otros, para proteger a los grupos más vulnerables de las familias, como son los hijos e hijas, los adultos mayores y las cónyuges, quienes son los más expuestos a ser víctimas de delitos”, explicó Caballero Gaona.
Ambos legisladores priístas apuntaron que esta reforma sería una herramienta muy útil para los juzgadores, toda vez que se precisan los casos y los términos cuando se suspende el derecho a ejercer la patria potestad, tutela, curatela y los derechos hereditarios o de alimentos que pudiera tener el agresor sobre la persona agredida.
