Una manifestación de policías y agentes de la Guardia Civil española recorrió las calles de Madrid para exigir al gobierno, del socialista Pedro Sánchez, un salario y una jubilación dignas, al reiterar su reivindicación añeja de la equiparación salarial con los agentes autonómicos de Cataluña y el País Vasco, que pueden llegar a ganar al mes hasta un 20 por ciento más por el mismo trabajo. Según la delegación del gobierno en Madrid, la marcha congregó a siete mil 500 personas, mientras que los sindicatos policiales que convocaron la protesta la cifraron en 80 mil.
Los dos principales sindicatos y asociaciones de profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que son a su vez los dos cuerpos de seguridad ciudadano del gobierno central, decidieron salir de nuevo a las calles para mostrar su malestar por las “promesas incumplidas” del actual gobierno, como han venido haciendo en los últimos meses de forma periódico y recurrente para exigir una equiparación salarial con el resto de cuerpos policiales del Estado. Las dos plataformas sindicales, Jusapol y Jucil, sostienen que las diferencias tanto de salario como de jubilación con los policías catalanes y vascas se está ensanchando, ya que, según ellos, un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional puede llegar a cobrar una pensión de mil euros menos a la de los agentes autonómicos, además de tener un salario hasta un 20 por ciento inferior.
Entre sus principales reivindicaciones destacan los cambios normativos para el calculo de sus pensiones e igualar los beneficios laborales. El presidente de Jusapol, Miguel Gómez, explicó que ellos “son únicos policías de España a los que no les reconoce como profesión de riesgo. Y estamos cansados que atenten contra nuestra dignidad profesional, tratándonos como a una policía menor. Y eso se arregla con una cuestión de voluntad política, si quieren la igualdad para nosotros o no”.
A la marcha también se sumaron los sindicatos y las agrupaciones de trabajadores del sistema nacional de prisiones, al menos las están administradas por el gobierno central, que también exigen mejores condiciones salariales y de jubilación. En este colectivo también se denuncia las diferencias económicas con relación a los trabajadores que dependen de los gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco, que reciben mejor salarios y también mejores condiciones para su jubilación.
El sindicato CSIF, al que están adscritos la mayoría de los trabajadores públicos, explicó que los agentes penitenciarios necesitan de gozar del “reconocimiento como agentes de autoridad ante el incremento de episodios violentos en las cárceles, además de disminuir la diferencia de entre siete mil 900 y diez mil de euros anuales de media respecto a los funcionarios autonómicos.
