La implantación en México de precios de garantía en 1953 para 12 granos básicos, no arrojó resultados satisfactorios, sobre todo para los pequeños productores de maíz y frijol. El propósito de mejorar el ingreso y la productividad de este segmento de labriegos, se topó con muchos obstáculos.
Después de una vigencia de 36 años de estira y afloja, el gobierno federal, en 1989, decidió dejar a las fuerzas del mercado los precios de 10 granos y sólo conservar esa garantía para maíz y frijol, aunque por poco tiempo.
El saldo de esta estrategia surtió efectos positivos para algunos. Para muchos, sólo fue causa de pobreza. No hubo aumento de rendimientos ni una comercialización adecuada, debido a que, difícilmente, los pequeños productores podían cumplir con las normas de calidad. Por otra parte, el intermediarismo y el “coyotaje”, dieron al traste con una buena expectativa.
Por cada norma incumplida, un descuento en el precio. Es decir, la presencia de malezas, granos dañados, humedad, peso específico insuficiente del grano, entre otras normas exigidas por los técnicos de Conasupo, de Almacenes Nacionales de Depósito y de Bodegas Rurales (Boruconsa), reducían el precio base.
Era frecuente que el productor, con el camión lleno estacionado en la entrada de las bodegas, después de una fila interminable, o aceptaba los descuentos, en algunos casos hasta a mitad del precio de garantía establecido, o negociaba con el acaparador o ‘coyote’ que esperaba “a la presa” a unos metros de las bodegas.
Así las cosas, ya no digamos que con esos precios recuperaban costos de producción, transporte y maniobras; “cosechaban puras pérdidas”. Apenas si podían pagar el crédito y el seguro. En otros casos, se resignaban a caer en cartera vencida con el Banco, sin posibilidades de préstamo para el siguiente ciclo.
En nuestro país predomina el cultivo de maíz en condiciones de temporal, con rendimientos promedio, a nivel nacional, de 2.5 toneladas por hectárea, en tanto que, en riego, los resultados son mejores. Hay que adelantar que el 80 por ciento del cultivo de maíz y frijol, se practica en condiciones de temporal.
El promedio en temporal no se ha podido subir desde hace muchos años, a pesar de que se encuentra en México el mayor Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) del mundo, en cuyo Banco de Germoplasma se resguardan más de 300 mil colecciones de todas las razas mexicanas y de otros países, con las cuales se realizan cruzas convencionales para el mejoramiento genético del grano. Se estima que en nuestro país sólo se utilizan semillas certificadas en menos del 30 por ciento de la superficie de siembra.
En promedio se cultivan 8 millones de hectáreas anuales en dos ciclos; el más importante es el de primavera-verano, con 7 millones de hectáreas, a las que hay que descontar un millón que sufren siniestros por sequía, retraso de lluvias, heladas, granizadas y, en la época de huracanes, por inundaciones. Y un millón de hectáreas cuentan con riego.
Es de señalar que, en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, los productores son capaces de producir promedios de 8 a 10 toneladas por unidad de superficie, fundamentalmente en riego o con buena humedad, aunque esto no es la generalidad. Es obvio, que la calidad de granos en riego es mejor que en temporal, lo cual seguramente se refleja en el precio, en la productividad y en el ingreso de los productores.
Para que México pudiera alcanzar la autosuficiencia en maíz, del cual ya se importan alrededor de 16 millones de toneladas al año que, en su totalidad se destinan a la alimentación animal para producir carne de res, cerdo y pollo, así como huevo y leche, sería necesario alcanzar cosechas por más de 40 millones de toneladas al año. En la actualidad andamos en unos 25 millones de toneladas en dos ciclos.
Es muy loable que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, decida apoyar con precios de garantía a pequeños productores de maíz y frijol que detenten hasta cinco hectáreas y una producción equivalente de 20 toneladas para maíz; es decir, un rendimiento unitario de 4 toneladas.
La perspectiva del nuevo gobierno, seguramente ha considerado que en México un promedio de 65 por ciento de los productores de maíz y frijol, su propósito fundamental es el autoconsumo. No tiene excedentes para concurrir en el mercado de granos.
Desde hace décadas, la preocupación de los negociadores de precios de garantía consistía en cómo atender a los productores que no eran beneficiarios de programas de apoyo gubernamental. Al respecto, se sometía a consideración de la comisión negociadora atender a los productores de autoconsumo “con un dulcecito”, a través del ejercicio de recursos fiscales para programas regionales de empleo temporal.
Es necesario reconocer que los productores de bajos rendimientos e igualmente de ingresos, no se cruzan de brazos por la falta de obras de irrigación, sino que buscan ingresos en otros sectores, sean en la industria de la construcción, en la industria metal – mecánica, en el comercio informal o en la prestación de otros servicios. Su principal ingreso ya no es por sus actividades agrícolas. Esto se da en los estados de la región central del país.
Se fijaron precios de garantía durante 37 años. En 1989, el presidente entonces, Carlos Salinas de Gortari, dispuso terminar con esa modalidad y dejarla sólo para maíz y frijol. Para los diez cultivos restantes, la fijación de los precios de comercialización en México, sería con referencia a los precios de los mercados internacionales. Esto no fue por mucho tiempo.
Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN), cambió totalmente la estrategia de apoyos institucionales a la producción de alimentos en nuestro país. Este proceso dio inicio en el ciclo otoño-invierno 1993-94.
El gobierno federal se comprometió otorgar un subsidio indiscriminado a los productores de granos básicos, incluidos maíz y frijol, por el equivalente de 100 dólares por hectárea. Para maíz, frijol y leche, se dio un plazo de 15 años (1994 a 2008) para liberar aranceles de importación, en tanto se avanzaba en la aplicación de medidas y tecnologías novedosas para incrementar productividad.
En la actualidad, los pequeños productores rurales siguen sumidos en la pobreza. Algunos estudiosos han hecho cálculos de que “al campo realmente llegan alrededor de 30 centavos de cada peso que destina el gobierno para impulso del campo”. Los gobiernos de los estados permanecen callados en ésta, que debería ser una de sus mayores preocupaciones.
