El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril pasado y que dan origen al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
El organismo, representado por el comisionado presidente, Adolfo Cuevas, argumentó que ese ordenamiento dictado por el Congreso de la Unión “contraviene su autonomía presupuestal”, la cual consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios “de forma autónoma, eficaz y oportuna”; además que invade sus atribuciones como regulador y garante del acceso a servicios de telecomunicaciones.
A mediados de abril se publicó en la gaceta oficial la regulación que da pie al Panaut, un cuestionado registro de tarjetas SIM asociado a datos biométricos de los usuarios y que la autoridad defiende con la opinión de que eso reducirá delitos como la extorsión, el secuestro, entre otros.
Como ya lo había advertido, el IFT negó que tenga los recursos para poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto, dado que el ingreso aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 está asignado a las funciones que mandata la Constitución al regulador.
La controversia también acusa que el mandato de estructurar y mantener el Panaut interfiere con las “atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos”, toda vez que le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles.
