A fin de diferir la elección del Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidad Administrativa; el diputado Rubén González presentó iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo León.
El legislador Rubén González solicitó que se difiera la emisión de la convocatoria para la designación del Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidad Administrativa.
“Se difiere el plazo para la expedición de la convocatoria para la elección del Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidad Administrativa, hasta en tanto entren en vigor las reformas a la Constitución Política del Estado, a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y a la Ley de Justicia Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo León”.
Por las que se corrija la disposición que establece una sola Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y un solo Magistrado Especializado en materia de Responsabilidades Administrativas.
“La reforma que proponemos no tiene la intención de trabar los intentos de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que no afecta la designación del Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Materia Anticorrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales, actualmente en marcha. Simplemente, retrasa la designación del Magistrado Especializado en materia de Responsabilidades Administrativas, hasta en tanto, se realicen las reformas a la Constitución Política del Estado y leyes relacionadas, que se requieren para dar la certeza jurídica necesaria”, expresó el González.
“Estimamos que la reformas puedan aprobarse en un período extraordinario de sesiones, a convocarse al finalizar el actual período”.
La propuesta de iniciativa de reforma al Artículo Tercero Transitorio del decreto No 347, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de enero de 2018, fue canalizada con carácter de urgente a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
