Con el fin de recuperar y rehabilitar las viviendas abandonadas y puedan ser asignadas a la población con mayor índice de vulnerabilidad social, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de la Vivienda de Nuevo León.
El líder de la bancada del PRI en el Poder Legislativo detalló que la modificación ayudará a coordinar e impulsar la firma de convenios con instituciones de los tres niveles de gobierno, a efecto de generar estrategias y líneas de acción, en la medida de su capacidad financiera, para recuperar la vivienda abandonada.
“La iniciativa tiene por objetivo buscar que las familias que sufren de un alto grado de vulnerabilidad puedan ser beneficiadas con una casa para alcanzar una mejor calidad de vida”, manifestó el Coordinador del GLPRI.
“Para lograr ese objetivo propongo dotar al Instituto de las herramientas necesarias a fin de que tenga las atribuciones de recuperar y rehabilitar las viviendas en condición de abandono, para ayudar a quienes más necesitan un lugar digno dónde vivir, ya sea por su condición de pobreza o vulnerabilidad”, recalcó Treviño Cantú.
La iniciativa de reforma contempla modificar los artículos 3 y 4 de la Ley del Instituto de la Vivienda de Nuevo León.
El líder de la bancada priísta explicó que la propuesta también busca establecer lineamientos y métodos que deberían aplicarse para identificar a la población con mayor índice de vulnerabilidad social, lo que contribuirá a evitar asentamientos irregulares.
“La condición económica de las personas es un factor importante para poder acceder a una vivienda digna y decorosa, ya que cuando esta condición llega al extremo de no solventar siquiera la canasta básica, las personas se valen de otros medios para establecerse mediante asentamientos humanos irregulares, incluso posesionarse de casas o terrenos abandonados”, advirtió.
“Cabe mencionar que el precio promedio de los alquileres y ventas de los bienes inmuebles ha aumentado significativamente, ya que, las propiedades han incrementado su plusvalía en alrededor de un 18% en la última década, y tenemos que generar políticas públicas para enfrentar esta realidad”, señaló Treviño Cantú.
