Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuso inaplicar el artículo del Plan B que ordena la destitución del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, por agraviar la Constitución.
“Se ordena inaplicar el artículo décimo séptimo transitorio del decreto”, dice el proyecto, pues se trata de una norma “privativa” e “individualizada” que fue creada sólo para Jacobo Molina y que, además, violenta la autonomía del INE.
En un proyecto de sentencia que se filtró a varios medios de comunicación, Otálora confirma lo que han señalado reiteradamente el INE y sus funcionarios: que la destitución de Jacobo Molina por medio de una ley transitoria dirigida a su persona viola la Constitución.
“Esta disposición no constituye una norma general, sino que resulta una norma individualizada, pues ordena el cese del secretario y una vez que este servidor público sea destituido, pierde su vigencia, pues no podrá aplicarse en el futuro de nueva cuenta”, dice el proyecto.
“La Constitución establece, de manera expresa, que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral será nombrada con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidencia. En consecuencia, el Congreso de la Unión no puede determinar en una ley transitoria, que ‘cesará en sus funciones’ ni establecer parámetros a la autoridad administrativa nacional para efectuar una nueva designación”, agrega.
A pesar de la ilegalidad, el funcionario dejó el cargo, en espera de que sea la autoridad judicial la que se pronuncie al respecto.
Esta misma semana el proyecto de Otálora será sometido a votación.
Esto, luego de que el ex funcionario impugnó la ley, al igual que el INE, que denunció invasión de las atribuciones del Consejo General por parte del Congreso de la Unión. También denunció violación a la naturaleza de los artículos transitorios.
Por su parte, Jacobo Molina denunció violación al principio de igualdad, por una ley creada solo para destituirlo, violación a los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, así como a la no retroactividad de la ley.
El proyecto de Otálora concede razón en todos los agravios tanto al INE como al ex secretario ejecutivo.
Si es aprobado, Jacobo Molina deberá ser restituido de inmediato en su cargo.
Por su parte, durante un foro en la UNAM, el magistrado presidente el TEPJF, Reyes Rodríguez, dijo que todas las impugnaciones al Plan B serán analizadas a la luz de la Constitución.
