Las y los diputados del PAN propusieron una iniciativa para facultar al Congreso de la Unión a que emita la legislación penal en materia de feminicidios y violencia de género, con el fin de contar con un marco jurídico en la materia.
En un comunicado, indicaron que la iniciativa plantea que el Congreso de la Unión emita la legislación penal, procedimental y orgánica que unifique sistemáticamente los tipos penales, procedimientos correspondientes, mecanismos preventivos de inteligencia y de indagatoria, técnicas especiales de investigación, derechos de las partes, medidas cautelares, determinaciones institucionales, todo con perspectiva de género.
Refirieron que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde enero del 2015 hasta la fecha, un total de 13 millones 464 mil 586 delitos han ocurrido en nuestro país. En cambio, 17 delitos seleccionados de género reunieron dos millones 129 mil 158 incidencias.
“Este es el retrato nacional de la violencia de género, es decir, un retrato que representa el 15.81 por ciento del total de la incidencia nacional”, agregaron.
Por su parte, la diputada Ana María Balderas Trejo expuso que la propuesta parte en el sentido de concretar un entorno de igualdad, seguridad y plenitud de derechos para las mujeres.
“Esta iniciativa busca políticas públicas que disminuyan la brecha de desigualdad y acciones contundentes para la erradicación de la violencia contra la mujer y las niñas”.
Estas modificaciones permitirían que el Congreso pueda expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros datos, inclusive electoral, así como en materia de feminicidio y violencia contra la mujer.
Señaló que, en términos generales, la propuesta de reforma fija las fases para el establecimiento de una política integral en materia de feminicidios y de violencia contra la mujer por razón de género, que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano en la prevención, persecución, sanción y el combate en su más amplia extensión de estos delitos.
Balderas Trejo recordó que el 1 de febrero del 2007 fue expedida la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que contiene previsiones de orden preventivo y de ordenamiento institucional aplicables a los tres niveles de Gobierno.
Sin embargo, aseguró que en esa ley no se establecen tipos penales, puesto que dicha facultad corresponde a legislaturas estatales, por lo que sus disposiciones son de naturaleza orientadora únicamente.
Consideró que lo anterior, permitirá contar con un marco jurídico en materia de feminicidios y violencia contra la mujer por razón de género, con las siguientes singularidades:
“Uniforme, porque dicho ilícito sería tipificado y sancionado en los mismos términos en todo el país, con enfoque integral del fenómeno al regular la actividad de todas las autoridades que intervienen, desde la policía preventiva hasta el sistema penitenciario y eficiente, en virtud que participarían todas las autoridades del país en su investigación, prevención, combate y sanción, cuyas atribuciones y responsabilidades quedarían delimitadas en dicha ley”, finalizó.
