Para asegurar que más servidores públicos respondan por sus faltas a la ley, los diputados locales de Movimiento Ciudadano propusieron ampliar el término de la prescripción para imponer sanciones a los funcionarios, mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ninguna falta podrá prescribir en menos de 10 años, explicó el legislador Samuel García. “Ya no queremos más excusas, ya no queremos más blindajes, se tiene que sancionar de manera administrativa con multa, inhabilitación, separación del cargo a todos aquellos que hacen corrupción o cometen negligencia”, advirtió.
García se refirió especialmente al caso de la Administración de Monterrey en la época de Margarita Arellanes, involucrada en el caso del derrumbe en el Fraccionamiento Antigua, a causa de una construcción autorizada en la gestión de la panista.
El plazo sería de 10 años si el incumplimiento se considera grave y de 12 años cuando el daño o perjuicio causado por el infractor provoque lesiones graves o la muerte de una o varias personas, explicó el coordinador de los diputados.
Por su parte, la legisladora Mariela Saldívar enfatizó que se debe actuar con mayor diligencia en el cumplimiento de los servicios y evitar cualquier omisión o responsabilidad. “Cualquier omisión grave que cause algún daño de cualquier tipo, tanto al patrimonio como a la comunidad debe ser castigada”, agregó.
