Todavía no inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo indica que la población rural del país se une en contra de una iniciativa de ley que lleva la bandera de combatir el latifundio. Las organizaciones que representan a las presuntas víctimas de lo que llaman un despojo anunciado porque significa continuar con la privatización de la tierra que llevó a cabo en 1992 Carlos Salinas de Gortari. La propuesta es del senador Ricardo Monreal Ávila quien la presentó en tribuna el pasado 23 de octubre. Desde entonces la reacción crece y se esparce por el país a través de grupos radicales e incluso de simpatizantes de AMLO, a lo que se debe agregar un sospechoso silencio de apoyo –el que calla otorga– de organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP) y la priista Confederación Nacional Campesina (CNC), poderosa central que atraviesa por sus peores momentos.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena contempla la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario que es rechazada. El problema es que el senador Ricardo Monreal no ha podido convencer de las supuestas bondades o que las organizaciones de indígenas y campesinos no la han sabido leer. El asunto, afirman, obliga a recordar la puñalada salinista de hace 27 años contra el campo mexicano que –curiosamente, también contó con la complicidad del CAP y de la CNC– porque atentó contra la principal conquista de la Revolución Mexicana que fue el reparto de la tierra, pues al privatizarla para que se volviera a los tiempos de Porfirio Díaz acabó con hundir a los poseedores del grandísimo territorio rural que se considera todavía propiedad social y que abarca alrededor de 100 millones de hectáreas.
Dos años después de haberse modificado el artículo 27 de la Constitución se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego llegaron las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto que respaldaron todos los partidos políticos cuando aún no existía MORENA. Lo peor, señalan expertos y presuntas víctimas, está por venir si no se frena, advierten, la continuidad del despojo neoliberal que tanto denunció en campaña el próximo presidente de la República.
La iniciativa de Monreal consta de 86 cuartillas que tocan al ejido y a la comunidad –más de 30 mil núcleos agrarios–, es decir, a campesinos e indígenas. De aprobarse, derogaría a la actual Ley Agraria salinista.
En su Exposición de Motivos explica que busca el respeto a la dignidad humana a través de sus once títulos, diez de ellos vinculados al derecho agrario sustantivo y el último a la justicia agraria ante órganos jurisdiccionales. Propone reconocer al ejido y a la comunidad como la organización social y económica propietaria de tierras más representativa de la sociedad rural. Adelanta que por medio de un Fondo operado por la Secretaría de Agricultura se financiarán, cuidando el medio ambiente, actividades productivas en las tierras de uso común. Asimismo, se eliminarían obstáculos para recibir subsidios y créditos. Informa que habrá respeto a los derechos humanos y a las decisiones de las asambleas.
Aspecto importante es el relativo a las inversiones de particulares en ejidos y comunidades para contribuir al desarrollo nacional, a fin de promover una mayor participación y asociación en proyectos al valor comercial de las contraprestaciones, incluyendo la tierra, bienes distintos a ésta y la previsión de daños que garanticen la sostenibilidad del proyecto. A esta iniciativa tan prometedora se sumaron a MORENA, el PRI, PRD y PAN, lo que de inmediato provocó sospechas de parte de observadores políticos, expertos en derecho agrario y organizaciones del campo mexicano.
Y, en efecto, se ha encontrado que la llamada Ley Antilatifundio en el fondo no lo es y que, por el contrario, representa una amenaza contra la propiedad social y los pueblos campesinos e indígenas. La advertencia es de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento Campesino Plan de Ayala del Siglo XXI, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Dicen que la propuesta constituye una regresión y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos campesinos, que facilita el acceso de terceros a tierras y territorios de núcleos agrarios, que agiliza la implementación de las reformas neoliberales de Enrique Peña Nieto, sobre todo la energética.
Según sus argumentos: vulnera, impulsa medidas limitativas para los territorios indígenas, facilita la entrada de industrias extractivas; acelera la mercantilización de la tierra y el desconocimiento de las comunidades como sujetas de derecho. Aseguran que la actual Ley Agraria es la principal defensa con que cuentan frente a proyectos extractivos que generan despojo, destrucción de la tierra y el territorio, daños a la salud y al medio ambiente, además de la criminalización y asesinatos de quienes se oponen a ello. Acusan que el documento está diseñado bajo la misma lógica que impulso la contrarreforma agraria de 1992 de Carlos Salinas de Gortari.
El EZLN y el CNI se agregaron a la preocupación que provoca la iniciativa. Al pretendido despojo de sus recursos naturales, cuestionan por qué no se dan esas concesiones a los ejidos y comunidades o en todo caso la asociación con empresas del gobierno como PEMEX y la CFE. Su rechazo obedece a que consideran que está en juego la apropiación de minas, aguas, petróleo, gas, bosques, selvas y demás bienes nacionales; tierras de uso agropecuario y forestal. Todo, aseguran, pasaría finalmente a poder de las trasnacionales.
Su análisis lleva a las organizaciones a señalar que lo más peligroso es que pide la iniciativa que aporten sus tierras a inversionistas privados, que las transformen en acciones tipo T y que celebren contratos que impliquen el usufructo de los ejidos por terceras personas.
“Con esta iniciativa olvidan que las tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha armada, hace ya cien años, y que no sólo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ahí existen. Son territorios donde vivimos, donde recreamos nuestras culturas y nuestra convivencia como comunidades y pueblos mexicanos”, expresan.
Critican que las asambleas de ejidatarios obtengan facultades de cambiar el destino de las tierras de uso común para asentamientos humanos, industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica. Que unos cuantos se lleven las ganancias y ya sobreexplotadas las tierras sean abandonadas dejando en la miseria a sus dueños.
El movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI —integrado por cientos de organizaciones que confían en Andrés Manuel López Obrador—anunció que mañana presentaran su contra propuesta para que en tres meses sea sometida a una consulta nacional. Como los otros grupos, señalan que lo de Monreal es inadmisible, que no corresponde a los planteamientos del presidente electo y que por ahí no va la transformación de México. En pocas palabras están en contra de que se abra un mercado de tierras, que se desarticule el ejido y se concentren poderes en algunas autoridades; cuando lo que se requiere es fomentar la organización agraria, fortalecer a los núcleos y solucionar -no incrementar- los conflictos agrarios en el país.
Cabe recordar que planes de asociar a empresarios con campesinos se ha intentado en varias ocasiones bajo el pretexto de modernizar el campo. Con Salinas de Gortari existió el proyecto Vaquerías con la participación de Gamesa y productores del estado de Nuevo León. Fue en 1990, comprendió 5 mil hectáreas y una inversión de 12 millones de dólares de entonces. Se aspiraba a replicarlo en otras 50 mil hectáreas pero el fracaso fue rotundo al demostrarse que no pueden convivir lobos (empresarios) con ovejas (campesinos e indígenas). Para colmo, en el inter la empresa mexicana fue vendida a la trasnacional Pépsico. La fórmula de que el rico pone el dinero, el pobre la tierra y su mano de obra para al final repartirse las utilidades por lo producción de alimentos tampoco prosperó en Chihuahua, Tamaulipas y Chiapas.
Pero lo de ahora es distinto porque a decir de las organizaciones está en riesgo lo que se encuentra en el subsuelo, como el gas que hay en estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz. Por eso es de ninguna manera aceptan la Ley Monreal.
DESDE EL CENTRO
La guadaña de Ismael Hernández Deras, seudo dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), se enseñorea una vez más al despedir a empleados que tienen más de 30 y 40 años de antigüedad, con salarios que van de los tres a los ocho mil pesos al mes; mujeres y hombres, varios de ellos sin derechos laborales como es el IMSS, jefes de familia que han dado su vida en defensa de los campesinos. La ahora fantasmal CNC contrata personal de confianza, asistentes, choferes y otros, amigos de la dirigencia, con sueldos arriba de los 30 y 40 mil pesos mensuales. Inconformes, los despedidos se quejan de que en la Campesina hay un elevado personal que solo va a cobrar cada quincena, es decir aviadores protegidos por el impugnado líder cenecista.
