La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades mexicanas para intensificar los esfuerzos que permitan la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.
En un comunicado también, alientan a la coordinación entre las autoridades mexicanas con las de Guatemala, El Salvador, Honduras para reforzar su colaboración mutua y con las familias de las víctimas y sus representantes.
El 24 de agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos de migrantes ejecutados, en su mayoría originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, en San Fernando, Tamaulipas. Este caso, así como la ejecución de migrantes ocurrida en el mismo municipio en 2011, y en 2012 en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, es un reflejo de las graves violaciones de derechos humanos que sufre la población migrante en su tránsito por México.
Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, reconoció que “ha habido esfuerzos del Estado mexicano y avances en la identificación de los migrantes desaparecidos, con importantes aportes realizados por las y los expertos de sociedad civil y los familiares de las víctimas para el esclarecimiento de los hechos. Estos esfuerzos conjuntos han dado como resultado la creación de la Comisión Forense, la Unidad de Migrantes de la Procuraduría General de la República y el Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes.”
No obstante estos avances, a 8 años de los hechos de San Fernando, los familiares siguen buscando la verdad de lo ocurrido, justicia y reparación. Durante este tiempo han enfrentado irregularidades respecto a la correcta identificación y entrega de los cuerpos hallados, falta de coordinación entre los países centroamericanos y México, y dificultades para acceder a las copias de los expedientes y conocer el avance de las investigaciones.
Para cumplir con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, la ONU-DH alienta a las autoridades mexicanas a superar los obstáculos mencionados, en estrecha cooperación con las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes en el marco de la Comisión Forense y la cooperación transnacional. El mandato de dicha Comisión puede ser ampliado a otros casos, como lo ha recomendado el Comité de Trabajadores Migratorios, por ser un buen ejemplo de trabajo conjunto.
“Se necesita el desarrollo de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas migrantes en tránsito por México y el reforzamiento de las políticas de apoyo que los países de origen puedan brindar a sus connacionales. En casos tan complejos como estos, los Estados de origen, tránsito y destino de migrantes deben redoblar los esfuerzos en la búsqueda, investigación y sanción de los responsables de los delitos cometidos en su contra, asimismo, para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo,” añadió el Representante.
Finalmente, la ONU-DH México expresa su solidaridad con todas las víctimas y familias de las personas migrantes desaparecidas y ejecutadas y reitera su disponibilidad para seguir acompañando los procesos de búsqueda, identificación e investigación, así como todos los esfuerzos conjuntos para acceder a la justicia, la reparación y garantías de no repetición.
