El gobierno federal ordenó la “ocupación temporal” de 159 predios o inmuebles en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en el estado de Quintana Roo, que suman una extensión de 2 millones 369 mil 977 metros cuadrados, es decir, unas 236 hectáreas al determinar que son de utilidad pública para la construcción del Tren Maya.
En un decreto emitido por el presidente de la República, y publicado hoy en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) proceder a la ocupación temporal inmediata de los bienes.
Además, se aclara que “la interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ocupación temporal”.
Será la Sedatu y Fonatur las instancias que se coordinen para gestionar los recursos necesarios y cubrir el monto de la indemnización a quienes acrediten ser propietarios.
También, se establece que en caso de que los predios que no sean destinados total o parcialmente a dicho fin, al término de cinco años, los propietarios afectados podrán solicitar a la autoridad “la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal, o el pago de los daños causados”.
Tras reiterar que se acredita la causa de utilidad pública prevista en la Ley de Expropiación, en el documento se apunta que “derivado de la importancia que representa el Proyecto Tren Maya, y a efecto de evitar pérdidas económicas innecesarias al erario, es preciso fortalecer la viabilidad técnica durante la construcción del proyecto, por lo que resulta procedente decretar la ocupación temporal inmediata de los polígonos”.
El Tren Maya tiene un trazado total de mil 525 kilómetros a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el objetivo de concluirse a finales del próximo año.