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Más de 200 ex funcionarios del gobierno y agentes de seguridad afganos han muerto en ejecuciones extrajudiciales desde que el Talibán tomó el control del país hace dos años, según un reporte de Naciones Unidas publicado el martes.
Los grupos más perseguidos por el Talibán eran antiguos militares, policías y agentes de inteligencia, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés).
UNAMA documentó al menos 800 violaciones de derechos humanos contra antiguos funcionarios del gobierno afgano y las fuerzas de seguridad entre el 15 de agosto de 2021, cuando el Talibán tomó el poder, y finales de junio de 2023.
El Talibán hizo un avance relámpago por Afganistán en las últimas semanas de retirada de las tropas estadunidenses y de la OTAN tras dos décadas de guerra. Las tropas afganas con formación y apoyo estadounidense se desmoronaron ante el Talibán y el expresidente Ashraf Ghani huyó del país.
“Las fuerzas de seguridad de facto (talibanas) detuvieron a personas, a menudo brevemente, antes de que fueran asesinadas. Algunas fueron trasladadas a centros de detención y asesinadas bajo custodia, otras fueron conducidas a lugares desconocidas y asesinadas, y sus cuerpos o bien se dejaron tirados o se entregaron a familiares”, indicó el reporte.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo en una nota de prensa que acompañaba al reporte que el documento “presenta una sombría imagen del trato a las personas relacionadas con el antiguo gobierno y las fuerzas de seguridad”.
“Más aún, dado que recibieron garantías de que no serían perseguidas, es una traición a la confianza del público”, afirmó Turk. Instó a los gobernantes talibanes de Afganistán a cumplir sus “obligaciones según el derecho internacional de derechos humanos al impedir nuevas violaciones y exigir responsabilidades a los autores”.
Desde que tomó el poder, el Talibán no ha enfrentado una oposición significativa y ha evitado las disputas internas.
El Ministerio afgano de Exteriores, liderado por talibanes, rechazó el reporte y dijo no estar al tanto de ninguna violación de los derechos humanos cometida por funcionarios o empleados del Talibán.
El reporte señaló que los antiguos soldados afganos eran los que más riesgo corrían de sufrir violaciones de derechos humanos, seguidos por expolicías y agentes de inteligencia. Se registraron casos en las 34 provincias del país, especialmente en Kabul, Kandahar y Balkh.
