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El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este jueves su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y le ordenó a sus 13 funcionarios que abandonen el país en un plazo de 72 horas.
El canciller Yván Gil indicó que además se ordenó “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento” firmada en 2019 con esa oficina y se dio plazo a sus funcionarios para salir del país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
El gobierno venezolano expresó, sin embargo, su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internaciones de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego de los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
La suspensión ocurre en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, detenida luego de ser vinculada con una presunta trama para atentar contra la vida de Maduro.
El martes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en la red social X, antes conocida como Twitter, que seguía “con profunda preocupación” la detención de San Miguel y destacó que “su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada” e instó a su liberación inmediata.
Horas antes de las declaraciones del canciller venezolano, la oficina del comisionado publicó también en X que tras las declaraciones de las autoridades venezolanas “tomamos nota de que el lugar de detención de Rocío San Miguel —y por tanto su paradero— ha sido confirmado y cuatro familiares han sido puestos en libertad condicional”.
Insistió en que “deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.
La víspera el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las denuncias sobre supuestas violaciones al debido proceso y la presunta desaparición forzada de la activista.
