Las diputaciones del PRI y PAN al Congreso local fueron los artífices de la nueva Ley de Movilidad (Transporte) dirigida a exterminar a los trabajadores del volante, señalaron dirigentes, en tanto que denunciaron el apoderamiento del servicio camionero regenteado por el gobierno y sus funcionarios.
Voceros de distintas agrupaciones de ruleteros se manifestaron en un frente común a las puertas del Congreso del Estado donde cuestionaron la autoridad moral de sus integrantes toda vez que no se tomaron en cuenta las propuestas de los taxistas en las mesas de diálogo a que fueron convocados.
¡Traidores!, se escucharon voces de taxistas enardecidos al comprobar que nada de lo que ellos plantearon en los debates oficiales se incluyó en la nueva Ley del transporte.
El cuestionamiento a los diputados el PAN y PRI fue reiterado. La diputada de Morena, Julia Espinosa de los Monteros salió a dialogar con los taxistas a quienes explicó que la Ley de Movilidad fue aprobada por una votación mayoritaria, como ocurre en toda democracia.
No obstante, la legisladora comentó a los taxistas que en la Ley hay varias “reservas” mediante las que se puede dar la lucha para ajustarla en beneficio de la actividad de todos los prestadores de servicio del transporte y de los usuarios.
Osvaldo Serna, dirigente de taxistas y ruteros de la CROC, lamentó que el gobierno insista en bloquear la operación de las líneas de camiones y las inversiones donde las personas son gente del sector social que, durante décadas, ha hecho esfuerzos empresariales y generando empleos.
Transporte quedará en
manos de funcionarios
Otros voceros dijeron que hay una tendencia a desaparecer a los transportistas pioneros en la prestación del servicio e imponer otras rutas que, según versiones, las opera el gobierno y miembros del gabinete cercano al Ejecutivo estatal mismos que, al final del sexenio de El Bronco se van a quedar con las empresas.
Los protestantes señalaron que el gobierno del estado opera varias rutas en las que se está sirviendo con el cucharón porque impone tarifas de 15 y 17 pesos en efectivo, usa camiones sin el validador de la tarjeta Feria y tiene en circulación unidades que portan placas de particulares.
Eso, agregaron, mientras a nosotros nos bloquean y sabotean. El gobierno, puntualizaron, está enfocado a sacarnos de la actividad. Es insensible a la falta de ajuste en las tarifas, mismas que no se han movido en por lo menos ocho años.
Cuestionados sobre el silencio de los grandes transportistas tradicionales, uno de los protestantes comentó que el gobierno les tiene bien agarrados “de los cojones”, por eso no se atreven a denunciar, “tienen miedo a represalias”.
También denunciaron el clima de persecución y violencia que mantiene el director de la Agencia del Transporte, Noé Chávez Montemayor.
Consideraron que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón debe deshacerse del funcionario ya que tiene cuentas con la Ley y le puede crear graves problemas legales ya que procede con violencia contra los trabajadores del volante.
La protesta varió, pues el contingente se dirigió a prolongar su protesta a Palacio de Gobierno donde dejaron patente su rechazo a la nueva Ley de Movilidad.
