Internacional

Tribunal francés confirma pena de prisión contra el ex presidente Sarkozy

AFP

La justicia francesa condenó este miércoles en apelación al ex presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) a tres años de prisión, incluyendo uno de obligado cumplimiento, por corrupción y tráfico de influencias en el caso de las “escuchas”.

Los magistrados impusieron la misma pena que en primera instancia en marzo de 2021. El exmandatario conservador se convirtió entonces en el primer expresidente de la Quinta República condenado a prisión firme.

Sarkozy, de 68 años y quien podrá cumplir su pena en su domicilio con un brazalete electrónico, escuchó la decisión desde el banquillo de los acusados de un tribunal de París con un semblante tenso, constató la AFP.

“Nicolas Sarkozy es inocente”, declaró su letrada Jacqueline Laffont, anunciando que presentarán un recurso en casación contra esta pena, que también incluye la prohibición durante tres años del derecho al sufragio.

El caso remonta a comienzos de 2014, cuando los dos teléfonos del ya expresidente estaban bajo escucha por parte de la justicia en otra investigación sobre la presunta financiación libia de su campaña en 2007.

Los investigadores descubrieron entonces la existencia de una tercera línea telefónica bajo el seudónimo de “Paul Bismuth”, que le servía para hablar sin temor a ser escuchado con su abogado y amigo Thierry Herzog.

Según la acusación, ambos organizaron un pacto de corrupción con Gilbert Azibert, fiscal en la Corte de Casación, que habría ofrecido su ayuda en un caso a cambio de un puesto prestigioso en Mónaco.

Sarkozy quería entonces que el alto tribunal anulara la incautación de sus diarios presidenciales en el marco de la investigación sobre el abuso de debilidad de la heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt.

A lo largo del juicio, la defensa denunció una acusación construida sobre “arenas movedizas” de escuchas telefónicas “ilegales” y carente de “valor probatorio”.

Herzog y Azibert fueron condenados a la misma pena de prisión que Sarkozy por tejer un “pacto de corrupción” en 2014 y recurrirán en casación. El primero tampoco podrá ejercer como abogado durante tres años.

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