En una nueva crítica hacia el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, The Economist señaló el “cantinfleo” con el que fue redactada la pregunta que se presentará en la boleta de la Consulta Popular para “esclarecer hechos del pasado”.
Luego de que en mayo la publicación calificó al mandatario como un peligro para México, en su más reciente editorial aseguró que el cuestionamiento que se formulará el 1 de agosto “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”.
El medio inglés anotó que el cuestionamiento que plantea Andrés Manuel López Obrador se reduce a si está autorizado o no para llevar a cabo una especie de juicio mediático en contra de cinco de sus predecesores; es decir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Pero, más allá de la comparación con la peculiar forma de hablar que popularizó el personaje de Cantinflas, ¿qué es lo que realmente dice la pregunta que aparecerá en el referéndum que se realizará en agosto?
En un principio, la pregunta planteada por el presidente López Obrador decía: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Pero la Suprema Corte modificó el cuestionamiento de manera que se les preguntará a los mexicanos si están de acuerdo en llevar a cabo “acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos”.
La pregunta fue reformulada de la siguiente manera:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
En el primer caso, la pregunta cuestionaba el deseo de la ciudadanía de que se investigara si los presidentes anteriores habían cometido algún delito antes, durante o después de su mandato. ¿Entonces por qué se cambió la pregunta si la propuesta del presidente es lo que ha planteado en cada referencia al proceso participativo?
De acuerdo con la Constitución, la obligación de las autoridades es cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en el país; dicho de otra manera, los impartidores de justicia deben iniciar las investigaciones cuando se tenga la sospecha de la comisión de un delito y aplicar las medidas pertinentes en caso de comprobarse las acusaciones.
Teniendo esto en cuenta, la pregunta planteada por López Obrador se contrapone al mandato constitucional. Sin embargo, la mayoría de los ministros de la SCJN encontraron procedente no la pregunta, sino la cuestión a la que desde su interpretación apunta el cuestionamiento; es decir, conocer la opinión de la sociedad sobre si las autoridades deben o no intentar hacerse con elementos para analizar la gestión de los mandatarios.
The Economist afirmó que el mandatario sufre por el mal manejo de la pandemia, la recesión económica relacionada a la misma, así como “un crimen violento sin cesar”.
Es por ello que, dijo, para distraer la atención de las fallas políticas “el presidente necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir”.
Esta es la segunda vez que The Economist critica al mandatario, pues el pasado 27 de mayo dedicó la portada de su edición latinoamericana a López Obrador bajo el título “El falso mesías de México”, junto a una imagen del presidente rodeado de soldados y una planta petrolera de Pemex.
