Señalamos que nada raro porque Mayer Maqueo está identificado por el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León como integrante de las bandas de “cuello blanco” y no vamos a permitir que un pseudo empresario nos arrebate una legítima propiedad, cuyo espacio será destinado para la educación superior de la juventud de las zonas urbano-marginadas del Área Metropolitana de Monterrey.
Precisamente hace diez años advertimos que los delincuentes de “cuello blanco” se valen del alto grado de corrupción y sus delitos resultan más onerosos que los cometidos por la delincuencia organizada, debido a que es una inseguridad que le cuesta más a la sociedad, pues las personas, empresas e instituciones tienen que destinar más recursos a prevenir, proteger y defender su patrimonio.
Lo grave es que la mayoría de los casos no son denunciados por la falta de confianza hacia las autoridades o porque se prefiere “negociar” ante la necesidad de recuperar parte del dinero o de las propiedades robadas.
Tal es el caso del despojo de inmuebles o robo de terrenos, delito tipificado en el Código Penal y que cometen las bandas de “cuello blanco” mediante la falsificación de escrituras, alteración de documentos, juicios fraudulentos o de plano mediante el “agandalle” de terrenos, a través de la posesión violenta o la ocupación furtiva o empleando amenazas o engaños.
Así, los delincuentes de “cuello blanco” activan el engranaje de la cadena de corrupción al corromper a autoridades y personal del registro público de la propiedad, notarías, agencias ministeriales, direcciones de catastro y desarrollo urbano, hasta funcionarios de procuración de justicia y jueces de los tribunales civiles y penales. Empero, los detonadores de dicho engranaje son, sin duda alguna, los grandes desarrolladores inmobiliarios, fraccionadores y constructores.
En el Partido del Trabajo y en el Frente Popular “Tierra y Libertad” estamos dispuestos a enfrentar a las bandas de “cuello blanco” hasta lograr la victoria legal y moral por la legítima propiedad de los terrenos ubicados en la colonia Topo Chico, por lo cual nuevamente manifestamos:
1.- El FPTyL reitera que es el legítimo propietario, con justo título, de los terrenos. Esto consta en la escritura pública #963, inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 20 de enero de 1998, fecha en que se protocolizó legalmente la compraventa a la empresa Minera de Norte, representada por Xavier Desiderio Autrey Maza y Jorge Alberto Ancira Elizondo.
2.- Gerardo Carlos Mayer Maqueo es quien trata de confundir a las autoridades y a la ciudadanía, aduciendo un título de propiedad viciado, que ya fue revocado y cancelado por el Registro Público de la Propiedad y con el cual fraudulentamente se ostentaba como presunto dueño de los terrenos.
3.- Cada una de sus maniobras las vamos a seguir echando abajo, a pesar de la complicidad y de la corrupción de jueces sin escrúpulos. Nos preocupa que en este caso el Ministerio Público se haya precipitado al ejecutar una resolución sin notificar a nuestra organización en los tiempos que marca la Ley. Nos notificaron diez minutos después de que Mayer Maqueo entró al predio, cuando debieron hacerlo mínimo tres días antes.
4.- Que la ciudadanía en general y las nuevas autoridades de gobierno sepan que hace diez años Mayer Maqueo exigió al Gobierno del Estado una estratosférica indemnización de 150 millones de pesos por desistirse de su burda denuncia por “robo de terrenos”. En aquel entonces este vil chantaje no prosperó por la única y simple razón de que no es dueño de los terrenos y no tuvo cómo acreditar la legítima propiedad.
Esperamos ahora que la Procuraduría General de Justicia del Estado cumpla su compromiso de revisar la situación a fondo y que el Procurador no avale este tipo de hechos anómalos, porque si no va a quedar en evidencia al Gobierno del Estado y al nuevo sistema de procuración de justicia frente a un delincuente de “cuello blanco” y quienes están detrás de él.
