07 de octubre de 2024
La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha informado sobre el resultado de la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica de Miguel “N”, detenido bajo una orden de aprehensión por feminicidio.
La audiencia tuvo lugar el 7 de octubre de 2024, donde se le imputaron hechos que tienen características compatibles con el delito de feminicidio, según lo estipulado en el Código Penal vigente de Nuevo León. Durante la audiencia, un Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidios presentó pruebas que acreditan la probable participación activa del imputado en el crimen, lo que demuestra su intención de causar daño físico a la víctima y de privarla de la vida por razones de género.
El Juez, tras considerar los argumentos y la evidencia presentada, dictó un Auto de Vinculación a Proceso en contra de Miguel “N”, quien se encuentra bajo medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal. Además, se concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Los hechos en cuestión ocurrieron el 4 de octubre de 2024, al interior de una vivienda en la colonia Lomas de San Agustín, en Cadereyta Jiménez, donde se perpetró el feminicidio de una mujer de 25 años, identificada con las iniciales V.E.
Las investigaciones realizadas con perspectiva de género han documentado la probable participación de Miguel “N” en el crimen, así como un historial de violencia de género en la relación entre el agresor y la víctima. Según informes, el imputado habría ejercido violencia reiterada a través de insultos, amenazas y agresiones físicas, utilizando un arma blanca que le ocasionó múltiples lesiones fatales a la mujer.
El cuerpo de la víctima fue trasladado al SEMEFO, donde la causa de muerte fue dictaminada como choque hipovolémico debido a heridas por objeto punzocortante en diversas partes del cuerpo.
Las evidencias apuntan a que la relación entre el agresor y la víctima incluía violencia familiar recurrente, lo que encuadra este caso en la categoría de feminicidio, un delito que la Fiscalía se compromete a investigar y sancionar con la mayor seriedad.
