Todav\u00eda no inicia el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y todo indica que la poblaci\u00f3n rural del pa\u00eds se une en contra de una iniciativa de ley que lleva la bandera de combatir el latifundio. Las organizaciones que representan a las presuntas v\u00edctimas de lo que llaman un despojo anunciado porque significa continuar con la privatizaci\u00f3n de la tierra que llev\u00f3 a cabo en 1992 Carlos Salinas de Gortari. La propuesta es del senador Ricardo Monreal \u00c1vila quien la present\u00f3 en tribuna el pasado 23 de octubre. Desde entonces la reacci\u00f3n crece y se esparce por el pa\u00eds a trav\u00e9s de grupos radicales e incluso de simpatizantes de AMLO, a lo que se debe agregar un sospechoso silencio de apoyo \u2013el que calla otorga– de organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP) y la priista Confederaci\u00f3n Nacional Campesina (CNC), poderosa central que atraviesa por sus peores momentos.<\/p>\n
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La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena contempla la expedici\u00f3n de la Ley para el Desarrollo Agrario que es rechazada. El problema es que el senador Ricardo Monreal no ha podido convencer de las supuestas bondades o que las organizaciones de ind\u00edgenas y campesinos no la han sabido leer. El asunto, afirman, obliga a recordar la pu\u00f1alada salinista de hace 27 a\u00f1os contra el campo mexicano que –curiosamente, tambi\u00e9n cont\u00f3 con la complicidad del CAP y de la CNC– porque atent\u00f3 contra la principal conquista de la Revoluci\u00f3n Mexicana que fue el reparto de la tierra, pues al privatizarla para que se volviera a los tiempos de Porfirio D\u00edaz acab\u00f3 con hundir a los poseedores del grand\u00edsimo territorio rural que se considera todav\u00eda propiedad social y que abarca alrededor de 100\u00a0 millones de hect\u00e1reas.<\/p>\n
Dos a\u00f1os despu\u00e9s de haberse modificado el art\u00edculo 27 de la Constituci\u00f3n se firm\u00f3 el Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte (TLCAN) y luego llegaron las reformas estructurales de Enrique Pe\u00f1a Nieto que respaldaron todos los partidos pol\u00edticos cuando a\u00fan no exist\u00eda MORENA. Lo peor, se\u00f1alan expertos y presuntas v\u00edctimas, est\u00e1 por venir si no se frena, advierten, la continuidad del despojo neoliberal que tanto denunci\u00f3 en campa\u00f1a el pr\u00f3ximo presidente de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
La iniciativa de Monreal consta de 86 cuartillas que tocan al ejido y a la comunidad \u2013m\u00e1s de 30 mil n\u00facleos agrarios–, es decir, a campesinos e ind\u00edgenas. De aprobarse, derogar\u00eda a la actual Ley Agraria salinista.<\/p>\n
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En su Exposici\u00f3n de Motivos explica que busca el respeto a la dignidad humana a trav\u00e9s de sus once t\u00edtulos, diez de ellos vinculados al derecho agrario sustantivo y el \u00faltimo a la justicia agraria ante \u00f3rganos jurisdiccionales. Propone reconocer al ejido y a la comunidad como la organizaci\u00f3n social y econ\u00f3mica propietaria de tierras m\u00e1s representativa de la sociedad rural. Adelanta que por medio de un Fondo operado por la Secretar\u00eda de Agricultura se financiar\u00e1n, cuidando el medio ambiente, actividades productivas en las tierras de uso com\u00fan. Asimismo, se eliminar\u00edan obst\u00e1culos para recibir subsidios y cr\u00e9ditos. Informa que habr\u00e1 respeto a los derechos humanos y a las decisiones de las asambleas.<\/p>\n
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Aspecto importante es el relativo a las inversiones de particulares en ejidos y comunidades para contribuir al desarrollo nacional, a fin de promover una mayor participaci\u00f3n y asociaci\u00f3n en proyectos al valor comercial de las contraprestaciones, incluyendo la tierra, bienes distintos a \u00e9sta y la previsi\u00f3n de da\u00f1os que garanticen la sostenibilidad del proyecto. A esta iniciativa tan prometedora se sumaron a MORENA, el PRI, PRD y PAN, lo que de inmediato provoc\u00f3 sospechas de parte de observadores pol\u00edticos, expertos en derecho agrario y organizaciones del campo mexicano.<\/p>\n
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Y, en efecto, se ha encontrado que la llamada Ley Antilatifundio en el fondo no lo es y que, por el contrario, representa una amenaza contra la propiedad social y los pueblos campesinos e ind\u00edgenas. La advertencia es de la Red Mexicana de Afectados por la Miner\u00eda (REMA), el Movimiento Campesino Plan de Ayala del Siglo XXI, el Ej\u00e9rcito Zapatista de Liberaci\u00f3n Nacional y el Congreso Nacional Ind\u00edgena. Dicen que la propuesta constituye una regresi\u00f3n y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos campesinos, que facilita el acceso de terceros a tierras y territorios de n\u00facleos agrarios, que agiliza la implementaci\u00f3n de las reformas neoliberales de Enrique Pe\u00f1a Nieto, sobre todo la energ\u00e9tica.<\/p>\n
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Seg\u00fan sus argumentos: vulnera, impulsa medidas limitativas para los territorios ind\u00edgenas, facilita la entrada de industrias extractivas; acelera la mercantilizaci\u00f3n de la tierra y el desconocimiento de las comunidades como sujetas de derecho. Aseguran que la actual Ley Agraria es la principal defensa con que cuentan frente a proyectos extractivos que generan despojo, destrucci\u00f3n de la tierra y el territorio, da\u00f1os a la salud y al medio ambiente, adem\u00e1s de la criminalizaci\u00f3n y asesinatos de quienes se oponen a ello. Acusan que el documento est\u00e1 dise\u00f1ado bajo la misma l\u00f3gica que impulso la contrarreforma agraria de 1992 de Carlos Salinas de Gortari.<\/p>\n
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El EZLN y el CNI se agregaron a la preocupaci\u00f3n que provoca la iniciativa. Al pretendido despojo de sus recursos naturales, cuestionan por qu\u00e9 no se dan esas concesiones a los ejidos y comunidades o en todo caso la asociaci\u00f3n con empresas del gobierno como PEMEX y la CFE. Su rechazo obedece a que consideran que est\u00e1 en juego la apropiaci\u00f3n de minas, aguas, petr\u00f3leo, gas, bosques, selvas y dem\u00e1s bienes nacionales; tierras de uso agropecuario y forestal. Todo, aseguran, pasar\u00eda finalmente a poder de las trasnacionales.<\/p>\n
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Su an\u00e1lisis lleva a las organizaciones a se\u00f1alar que lo m\u00e1s peligroso es que pide la iniciativa que aporten sus tierras a inversionistas privados, que las transformen en acciones tipo T y que celebren contratos que impliquen el usufructo de los ejidos por terceras personas.<\/p>\n
\u201cCon esta iniciativa olvidan que las tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros despu\u00e9s de una lucha armada, hace ya cien a\u00f1os, y que no s\u00f3lo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ah\u00ed existen. Son territorios donde vivimos, donde recreamos nuestras culturas y nuestra convivencia como comunidades y pueblos mexicanos\u201d, expresan.<\/p>\n
Critican que las asambleas de ejidatarios obtengan facultades de cambiar el destino de las tierras de uso com\u00fan para asentamientos humanos, industrias de hidrocarburos y de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Que unos cuantos se lleven las ganancias y ya sobreexplotadas las tierras sean abandonadas dejando en la miseria a sus due\u00f1os.<\/p>\n
El movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI —integrado por cientos de organizaciones que conf\u00edan en Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador\u2014anunci\u00f3 que ma\u00f1ana presentaran su contra propuesta para que en tres meses sea sometida a una consulta nacional. Como los otros grupos, se\u00f1alan que lo de Monreal es inadmisible, que no corresponde a los planteamientos del presidente electo y que por ah\u00ed no va la transformaci\u00f3n de M\u00e9xico. En pocas palabras est\u00e1n en contra de que se abra un mercado de tierras, que se desarticule el ejido y se concentren poderes en algunas autoridades; cuando lo que se requiere es fomentar la organizaci\u00f3n agraria, fortalecer a los n\u00facleos y solucionar -no incrementar- los conflictos agrarios en el pa\u00eds.<\/p>\n
Cabe recordar que planes de asociar a empresarios con campesinos se ha intentado en varias ocasiones bajo el pretexto de modernizar el campo. Con Salinas de Gortari existi\u00f3 el proyecto Vaquer\u00edas con la participaci\u00f3n de Gamesa y productores del estado de Nuevo Le\u00f3n. Fue en 1990, comprendi\u00f3 5 mil hect\u00e1reas y una inversi\u00f3n de 12 millones de d\u00f3lares de entonces. Se aspiraba a replicarlo en otras 50 mil hect\u00e1reas pero el fracaso fue rotundo al demostrarse que no pueden convivir lobos (empresarios) con ovejas (campesinos e ind\u00edgenas). Para colmo, en el inter la empresa mexicana fue vendida a la trasnacional P\u00e9psico. La f\u00f3rmula de que el rico pone el dinero, el pobre la tierra y su mano de obra para al final repartirse las utilidades por lo producci\u00f3n de alimentos tampoco prosper\u00f3 en Chihuahua, Tamaulipas y Chiapas.<\/p>\n
Pero lo de ahora es distinto porque a decir de las organizaciones est\u00e1 en riesgo lo que se encuentra en el subsuelo, como el gas que hay en estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz. Por eso es de ninguna manera aceptan la Ley Monreal.<\/p>\n
DESDE EL CENTRO<\/p>\n
La guada\u00f1a de Ismael Hern\u00e1ndez Deras, seudo dirigente de la Confederaci\u00f3n Nacional Campesina (CNC), se ense\u00f1orea una vez m\u00e1s al despedir a\u00a0 empleados\u00a0 que tienen m\u00e1s de 30 y 40 a\u00f1os de antig\u00fcedad, con salarios que van de los tres a los ocho mil pesos al mes; mujeres y hombres, varios de ellos sin derechos laborales como es el IMSS, jefes de familia que han dado su vida en defensa de los campesinos. La ahora fantasmal CNC contrata personal de confianza, asistentes, choferes y otros, amigos de la dirigencia, con sueldos arriba de los 30 y 40 mil pesos mensuales. Inconformes, los despedidos se quejan de que en la Campesina hay un elevado personal que solo va a cobrar cada quincena, es decir aviadores protegidos por el impugnado l\u00edder cenecista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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