Afp<\/p>\n\n\n\n
El presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era decret\u00f3 hoy el Estado de Emergencia en cuatro de las siete provincias de la “macrozona sur” del pa\u00eds, que abarca las regiones del Biob\u00edo, de la Araucan\u00eda y de Los R\u00edos, donde tiene lugar el denominado “conflicto mapuche” con el estado chileno por la recuperaci\u00f3n de tierras ancestrales y la obtenci\u00f3n de autonom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n afecta a las provincias de Malleco, Caut\u00edn, Biob\u00edo y Arauco, que suman 52 mil kil\u00f3metros cuadrados, y se prolongar\u00e1 durante 15 d\u00edas prorrogables e implica que “las Fuerzas Armadas podr\u00e1n prestar apoyo log\u00edstico, tecnol\u00f3gico y de comunicaciones, as\u00ed como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona”.<\/p>\n\n\n\n
Pi\u00f1era pr\u00e1cticamente admiti\u00f3 el desgobierno que prevalece cuando justific\u00f3 que “este Estado de Excepci\u00f3n Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotr\u00e1fico y el crimen organizado, y en ning\u00fan caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pac\u00edficos\u201d, sin mencionar las aspiraciones de los mapuche.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan \u00e9l “la grave situaci\u00f3n requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constituci\u00f3n y las leyes para proteger a la poblaci\u00f3n, resguardar el Orden P\u00fablico y el Estado de Derecho y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos”.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n se da en un contexto de franco deterioro gubernamental en todo sentido, con casi 80 por ciento de rechazo y apenas 15 por ciento de aprobaci\u00f3n, en medio de un paro de camioneros que presionaba por la intervenci\u00f3n de los militares, al igual que los partidos oficialistas.<\/p>\n\n\n\n
En la macrozona el orden p\u00fablico est\u00e1 fuera de control, las ocupaciones de predios y las violentas acciones de reivindicaci\u00f3n mapuche (ataques armados, quema de camiones, maquinaria forestal y agr\u00edcola, incendios en haciendas forestales y agr\u00edcolas, corte de carreteras y caminos, etc.) ocurren a diario; las polic\u00edas y las autoridades pol\u00edticas han sido rebasadas y carecen de capacidad para garantizar el estado de derecho, ampliamente vulnerado.<\/p>\n\n\n\n
Simult\u00e1neamente, Pi\u00f1era es investigado judicialmente como imputado por potenciales delitos tributarios, cohecho y soborno relacionados con negocios familiares en para\u00edsos fiscales -la venta del 33 por ciento de acciones de un proyecto minero, durante su primer gobierno (2010\/14), condicionada a no declarar protegida medioambientalmente la zona donde estar\u00eda la minera-; incurriendo en sus recurrentes conflictos de inter\u00e9s, mezclando negocios y pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Relacionado con lo anterior, el gobernante enfrentar\u00e1 desde esta semana una acusaci\u00f3n constitucional en la C\u00e1mara de Diputados, acuerpada mayoritariamente por la oposici\u00f3n, que podr\u00eda significar su suspensi\u00f3n en el cargo y posteriormente, a su paso por el Senado, la destituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Todo lo anterior en un contexto de elecciones presidenciales y legislativas el 21 de noviembre, donde la candidatura oficialista, un ex ministro de Pi\u00f1era, figura desplomada en el cuarto lugar con apenas 10 por ciento de la intenci\u00f3n de voto.<\/p>\n\n\n\n
No es la primera vez que el gobierno avanza hacia la militarizaci\u00f3n del conflicto. En febrero pasado anunci\u00f3 que el ej\u00e9rcito se sumar\u00eda al patrullaje conjunto, que har\u00eda coordinaci\u00f3n estrat\u00e9gica con las polic\u00edas y que dispondr\u00edan de puestos de mandos conjuntos; sin ning\u00fan resultado pr\u00e1ctico en cuanto a desescalar la violencia. La diferencia ahora est\u00e1 en la dictaci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n constitucional, en virtud del cual se pueden restringir las libertades de movilizaci\u00f3n y reuni\u00f3n, junto a la designaci\u00f3n de jefes de la defensa nacional que asumen el mando de las fuerzas armadas y de orden.<\/p>\n\n\n\n
En el Biob\u00edo, la Araucan\u00eda y Los R\u00edos se suceden acciones de resistencia ind\u00edgena desde hace dos d\u00e9cadas, las cuales aumentaron exponencialmente en los \u00faltimos a\u00f1os, buscando prioritariamente expulsar la presencia de grandes empresas forestales que controlan 4 millones de hect\u00e1reas, cuyos bosques nativos fueron arrasados y reemplazados por plantaciones de pino y eucaliptus.<\/p>\n\n\n\n
Los territorios mapuche, desconociendo Chile pactos de coexistencia pac\u00edfica suscritos en 1825, fueron invadidos a mediados del siglo 19 por tropas militares que asesinaron a destajo y se apoderaron de las tierras. Estas fueron entregadas a inicios del siglo 20, colonos europeos que formaron latifundios y que tras el golpe militar de 1973 pasaron a propiedad de conglomerados forestales que las explotan a destajo.<\/p>\n\n\n\n
Los mapuche son m\u00e1s de dos millones, alrededor del 12,7 por ciento de la poblaci\u00f3n del pa\u00eds. Pese a ello, no son reconocidos como pueblo originario -al igual que ninguno de los otros diez existentes en el pa\u00eds-, sino como etnia; tampoco la educaci\u00f3n ha sido sobre la base de la interculturalidad, lo cual ha derivado en racismo y exclusi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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