AP<\/p>\n\n\n\n
Seis organizaciones sociales documentaron m\u00e1s de 3 mil 100 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n decretado en El Salvador para combatir a las pandillas, a las que el gobierno responsabiliza de la mayor\u00eda de los cr\u00edmenes que se cometen en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan estas organizaciones, adem\u00e1s de las vulneraciones del derecho a la defensa y el debido proceso, se suman otras violaciones como el derecho a la identidad, la dignidad y la privacidad.<\/p>\n\n\n\n
El informe elaborado por Cristosal, la Fundaci\u00f3n de Estudios para la Aplicaci\u00f3n del Derecho, el Servicio Social Pasionista, la Red Salvadore\u00f1a de Defensoras de Derechos Humanos, AMATE y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana Jos\u00e9 Sime\u00f3n Ca\u00f1as revel\u00f3 haber documentado 3 mil 186 casos desde el 27 de marzo al 31 de julio.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con las denuncias, m\u00e1s del 86 por ciento de los detenidos son hombres de entre los 18 y 30 a\u00f1os, pero tambi\u00e9n se han identificado 12 mujeres trans y tres hombres trans.<\/p>\n\n\n\n
En conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones denunciaron adem\u00e1s que en abril las autoridades de seguridad divulgaron las fotograf\u00edas de dos mujeres trans detenidas, con el torso desnudo y sin usar el nombre con el que se identifican.<\/p>\n\n\n\n
El estado de excepci\u00f3n fue aprobado el 27 de marzo por el Congreso a pedido del presidente Nayib Bukele luego de una ola de cr\u00edmenes que sacudi\u00f3 al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Este r\u00e9gimen limita la libertad de asociaci\u00f3n, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Adem\u00e1s, ampl\u00eda de 72 horas a 15 d\u00edas el plazo de detenci\u00f3n preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.<\/p>\n\n\n\n
Las medidas impulsadas por El Salvador para combatir las pandillas han sido ampliamente defendidas por el gobierno, pero activistas y miembros de la comunidad internacional las han cuestionado por considerar que abren la puerta a violaciones de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Las organizaciones llamaron al Estado salvadore\u00f1o a que vele por los derechos de las personas detenidas, respete y resguarde las identidades de g\u00e9nero de las personas trans; cumpla con el debido proceso e investigue los casos con enfermedades cr\u00f3nicas y muertes en centros penitenciarios o durante la detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal Rodolfo Delgado revel\u00f3 que investigan 17 muertes de reos en el interior de centros penales, pero adelant\u00f3 que tiene informaci\u00f3n de que \u201clas muertes de esas personas se deben a complicaciones de salud preexistentes al momento de la captura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La Procuradur\u00eda para la Defensa de los Derechos Humanos confirm\u00f3 que ha abierto 28 expedientes para investigar las muertes de privados de libertad durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Desde que se aprob\u00f3 el estado de excepci\u00f3n las fuerzas de seguridad han arrestado a 51 mil 241 personas, en su mayor\u00eda acusadas de formar parte de estructuras criminales o colaborar con las pandillas.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico inform\u00f3 que los jueces han decretado la detenci\u00f3n provisional de 45 mil 849 supuestos pandilleros o colaborares.<\/p>\n\n\n\n
Las pandillas est\u00e1n involucradas en el narcotr\u00e1fico y el crimen organizado, pero adem\u00e1s extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, seg\u00fan las autoridades.<\/p>\n\n\n\n
Entre el 1 de enero y el 30 de agosto, la polic\u00eda registr\u00f3 514 homicidios, un 34 por ciento menos que los 781 contabilizados en id\u00e9ntico per\u00edodo del a\u00f1o 2021, y los empresarios del transporte p\u00fablico aseguraron que desde que se implement\u00f3 el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n las extorsiones han bajado en un 95 por ciento. Afirman que pagaban a las pandillas entre 12 y 35 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia declar\u00f3 terroristas a los jefes, miembros y colaborares de esos grupos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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